El Gobierno nacional atraviesa un momento de fuerte desgaste político que ya impacta de lleno en su agenda legislativa. En medio de los escándalos que involucran a funcionarios y al propio entorno presidencial, la estrategia de impulsar un paquete de reformas mensuales quedó en suspenso, sin proyectos concretos ingresados al Congreso.

Las revelaciones de chats vinculados a Mauricio Novelli, que comprometerían al presidente Javier Milei, y las constantes polémicas en torno a Manuel Adorni generaron un clima de tensión interna que paralizó los planes oficiales. A esto se suma el escándalo por el caso $Libra, que amplificó las críticas hacia la gestión.

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A comienzos de mes, el Ejecutivo había anunciado un ambicioso esquema de reformas periódicas, pero la hoja de ruta quedó rápidamente desdibujada. Desde la Jefatura de Gabinete se habían anticipado iniciativas como la modificación del Código Penal, cambios en la ley de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y regularización dominial. Sin embargo, ninguna de estas propuestas fue formalmente presentada hasta el momento.

En la Cámara de Diputados, conducida por Martín Menem, la actividad se concentra en el tratamiento de la reforma de la ley de Glaciares, una discusión que se arrastra desde las sesiones extraordinarias y que podría llegar al recinto recién el 8 de abril. Mientras tanto, el oficialismo opta por mantener bajo perfil parlamentario para evitar exposiciones incómodas.

La estrategia responde a un objetivo claro: impedir que el recinto se transforme en una tribuna de cuestionamientos al Gobierno, como ocurrió recientemente en el Senado, donde la oposición puso el foco en los manejos vinculados al caso $Libra y otros episodios controvertidos.

Desde la mesa política del oficialismo reconocen las demoras. “Las charlas ya comenzaron pero es verdad que los proyectos aún no están presentados. Se demora porque el último mes se complicó todo”, admiten en voz baja.

En este contexto, incluso los proyectos que podrían representar una victoria legislativa enfrentan incertidumbre. La reforma de la ley de Glaciares contaría con un piso cercano a los 130 votos, pero el Congreso se muestra cada vez más permeable al humor social y a las tensiones entre la Nación y las provincias.

El vínculo con los gobernadores aparece como un factor determinante. En ese sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, prepara una recorrida por distintas provincias para reforzar alianzas y medir el clima político, especialmente tras el regreso de mandatarios de la llamada “Argentina Week” en Nueva York.

Si bien esos encuentros dejaron buenas expectativas en materia de inversiones, en el oficialismo reconocen que eso no garantiza respaldo legislativo en un escenario adverso. Incluso antes de los escándalos, ya se advertía que el apoyo en el Congreso podría debilitarse hacia el segundo semestre del año.

En paralelo, varias de las iniciativas en carpeta enfrentan resistencias sociales. Las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad generan rechazo en los sectores involucrados, mientras que una eventual reforma del Código Penal podría reactivar movilizaciones si incluye retrocesos en materia de aborto legal, un tema que ya generó tensiones dentro del propio oficialismo.

En el Senado, la situación tampoco es más favorable. El jefe de Gabinete deberá presentarse para brindar su informe de gestión, en una sesión que desde la oposición anticipan como un espacio de fuerte interpelación. En ese marco, crecen los reclamos para que Manuel Adorni responda sobre su situación patrimonial y el funcionamiento general de la administración.

Con un escenario político cada vez más complejo, el Gobierno enfrenta dificultades para sostener su iniciativa parlamentaria y busca ganar tiempo mientras intenta contener el impacto de las crisis abiertas.