La Confederación General del Trabajo difundió un documento en el que expone los argumentos jurídicos con los que buscará frenar la aplicación de la Reforma Laboral aprobada a instancias del Gobierno nacional. La central sindical, que este lunes se movilizó hacia Tribunales, calificó como “falso” que la iniciativa tenga por objetivo generar empleo o formalizar trabajadores informales y sostuvo que, por el contrario, consolida un retroceso en derechos conquistados durante décadas.

En el texto, la CGT plantea que los problemas estructurales de pobreza, desempleo y precarización no son consecuencia del marco normativo laboral vigente, sino de la falta de crecimiento económico y de inversión productiva. Atribuye el deterioro social a decisiones macroeconómicas y microeconómicas adoptadas en los últimos años y vincula la reforma con un programa económico más amplio que, según su visión, profundizó la caída de la actividad y el empleo.

La central aún no confirmó en qué tribunal realizará la presentación, aunque se espera que el planteo se radique en el fuero laboral o en el Contencioso Administrativo.

Entre los ejes centrales de la impugnación, el documento sostiene que la norma vulnera el principio de progresividad, que impide retrocesos en materia de derechos sociales, y el principio protectorio del derecho del trabajo. Además, señala una afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, particularmente en lo referido a la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical. También advierte sobre posibles incompatibilidades con tratados internacionales suscriptos por el país.

La CGT cuestiona de manera específica la habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de sanciones para empleadores que incumplan aportes, la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas mediante un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes de los propios trabajadores y la reducción de contribuciones a las obras sociales. Asimismo, objeta la fragmentación de las vacaciones, la promoción de convenios por empresa en detrimento de la negociación colectiva y las restricciones al derecho a la protesta y a la actividad sindical.

El documento enmarca la reforma en un contexto que define como crítico, con caída de la actividad en la mayoría de las ramas del sector privado, pérdida de más de 300.000 empleos en los últimos dos años, aumento de la desocupación, cierre de empresas y pequeñas y medianas empresas, deterioro del poder adquisitivo y mayor endeudamiento del Estado y de los hogares. También menciona la persistencia de la inflación y la contracción del consumo, la inversión y la recaudación como señales de una recesión prolongada.

Frente a ese escenario, la CGT reivindica su papel como actor de movilización y defensa de los derechos laborales, recuerda las protestas y paros generales realizados en los últimos años y subraya que no forma parte del Gobierno ni define la política económica. No obstante, afirma asumir una “responsabilidad histórica” en la defensa del trabajo y la justicia social, y concluye con un llamado a la unidad bajo la consigna de que “no hay libertad sin justicia social”.