La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei tras una sesión marcada por la tensión política, protestas en distintos puntos del país y acusaciones cruzadas dentro del recinto. La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención.

El oficialismo de Javier Milei consiguió el respaldo de bloques aliados y legisladores vinculados a gobernadores provinciales, entre ellos referentes de Salta, Catamarca y Tucumán, lo que permitió alcanzar el quórum necesario para abrir el debate. La sesión se desarrolló mientras la Confederación General del Trabajo llevaba adelante un paro nacional en rechazo al proyecto.

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La Libertad Avanza reunió 95 votos propios y sumó el acompañamiento de espacios como Fuerza del Cambio, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El rol de los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz fue determinante para garantizar la presencia de sus diputados en el recinto y habilitar el tratamiento de la ley.

El proyecto deberá regresar ahora al Senado de la Nación Argentina debido a modificaciones introducidas durante su tratamiento. Entre ellas, se eliminó el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y habilitaba la reducción del salario al 50 o 75 por ciento durante períodos de enfermedad. La supresión de ese punto respondió a la presión social y política generada en torno a la iniciativa.

Sin embargo, uno de los artículos más cuestionados, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, fue aprobado en particular con 130 votos afirmativos, 117 negativos y 3 abstenciones. Este fondo apunta a financiar indemnizaciones por despido, con críticas opositoras que advierten que podría implicar el uso de recursos vinculados al sistema previsional.

Durante la sesión, el bloque Unión por la Patria intentó sin éxito devolver el proyecto a comisión y hacer caer el debate cuando el recinto se encontraba con escasa presencia. El presidente de la Cámara, Martín Menem, sostuvo la continuidad de la sesión en medio de reclamos y acusaciones de irregularidades reglamentarias.

Entre los principales puntos de la reforma figura la modificación del cálculo de indemnizaciones por despido, que tomaría como base el sueldo básico y excluiría conceptos como aguinaldo, premios o adicionales. También se habilita la ampliación de la jornada laboral diaria hasta 12 horas mediante un sistema de banco de horas, que permitiría compensar horas extras con descansos en lugar de pago adicional.

La norma limita además el derecho de huelga al declarar más actividades como servicios esenciales y restringe asambleas en horario laboral. Introduce un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, a quienes considera prestadores independientes y no alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, deroga la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021 y elimina estatutos sectoriales históricos, como el del periodista y el del viajante de comercio.

Las críticas opositoras apuntaron a que la reforma vulnera el principio de progresividad en materia de derechos laborales y podría ser objeto de impugnaciones judiciales por presunta contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de una modernización necesaria para fomentar el empleo formal y dinamizar la actividad económica.

Con la media sanción en Diputados, el debate vuelve a la Cámara alta en un clima político atravesado por la polarización y con el foco puesto en el impacto que la reforma tendrá sobre el mercado de trabajo y el esquema de relaciones laborales en el país.