Un estudio del Instituto Pensar Igualdad volvió a poner en discusión la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana de millones de familias. El informe, titulado “La macro aprieta, la casa y la calle ahorcan”, sostiene que la desaceleración inflacionaria y la reducción de los índices formales de pobreza no alcanzan para describir la gravedad del deterioro social.

El trabajo toma como base un dossier elaborado por el Indec y publicado el 11 de noviembre, construido a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Según Pensar Igualdad, mientras el organismo oficial ofrece una imagen moderada de las estrategias de supervivencia familiar, los datos revelan una realidad más dura: la crisis continúa instalada en la mesa, en los ingresos y en la organización diaria de los hogares.

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Las cifras expuestas muestran la magnitud del problema. El 17 por ciento de los hogares redujo las porciones de comida entre las personas adultas y el 11 por ciento entre niñas y niños. Entre quienes dependen de ingresos informales, estos porcentajes ascienden al 42 y al 32 por ciento, lo que expone una situación de emergencia silenciosa que avanza sin contención suficiente.

El informe también advierte sobre la creciente dependencia del crédito para cubrir gastos básicos. Más de la mitad de los hogares compra en cuotas o a crédito informal, y esa proporción llega a siete de cada diez entre familias asalariadas de clase media. Para muchas personas, la tarjeta funciona como un “salario anticipado” que permite atravesar el mes mientras los ingresos pierden valor frente a la inflación.

El endeudamiento se convirtió en una herramienta transversal. El 13 por ciento de los hogares tomó préstamos bancarios en 2025 y un 15 por ciento recurrió a familiares o amigos para afrontar gastos cotidianos. Entre los sectores más vulnerables, estas cifras se duplican. Además, cuatro de cada diez hogares usaron sus ahorros para cubrir gastos diarios y un 9 por ciento vendió pertenencias, con mayor frecuencia en hogares con jefatura femenina. Para el estudio, el colchón financiero que sostenía a la clase media prácticamente desapareció.

Otro eje destacado es el impacto del ajuste fiscal. Según datos del Iaraf incorporados en el trabajo, el 26 por ciento de la caída del gasto nacional se explica por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, que retrocedieron entre un 14 y un 16 por ciento solo en 2024. Las universidades sufrieron una reducción del 24 por ciento en sus presupuestos y los subsidios a energía y transporte cayeron un 33 por ciento. También, debido a los recortes en coberturas, miles de personas mayores deben pagar medicamentos que antes recibían de manera gratuita.

Para Pensar Igualdad, esta distribución del esfuerzo confirma que el ajuste afecta de forma regresiva a quienes dependen de servicios públicos esenciales. El documento sostiene que existe un divorcio creciente entre los logros macroeconómicos que exhibe el Gobierno y la experiencia cotidiana de la población. En ese escenario, la deuda se transforma en un mecanismo que ordena y restringe la vida diaria, lejos de cualquier idea de libertad económica.

Con este diagnóstico, el instituto advierte que la estabilización macroeconómica no garantiza una mejora automática en el bienestar social. Para una parte significativa de la población, la crisis continúa “apretando” en la mesa de cada día y “ahorcando” en las calles, donde miles de personas buscan estrategias de supervivencia frente a ingresos debilitados, servicios recortados y un endeudamiento que no deja de crecer.