El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, emitió deuda por unos 11.000 millones de dólares para afrontar el pago de vencimientos por aproximadamente 4.300 millones de dólares correspondientes a Bonos Globales y Bonares que operan esta semana. La operación incluyó nuevos títulos, reaperturas de bonos en circulación y un crédito con bancos comerciales, en una estrategia que elevó el costo financiero y redujo los plazos de repago.

La maniobra se dio en un contexto en el que los mercados no solo observan el cumplimiento formal de los pagos, sino también la forma en que se consiguen los dólares, el acceso al financiamiento voluntario y la solidez general de las cuentas públicas. En ese marco, los títulos argentinos volvieron a perder valor y el riesgo país registró una suba, pese a que el pago de los servicios de la deuda estaría garantizado.

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En el caso argentino, considerado un crédito de rango especulativo, los analistas ponen el foco en tres variables centrales: el nivel de endeudamiento en relación con la economía y los ingresos del Estado, la capacidad de pago con recursos propios y la posibilidad de refinanciar obligaciones en los mercados. A estos factores se suman la liquidez, el resultado fiscal y la estructura de la deuda, ítems que, según el comportamiento del mercado, fueron evaluados de manera negativa.

El equipo económico logró mostrar la disponibilidad de los dólares apenas 48 horas antes del vencimiento, un dato que también generó ruido entre los inversores. El monto total a pagar ronda los 4.300 millones de dólares y se reparte entre acreedores privados locales y del exterior, además de organismos públicos como el Banco Central, que no recibe divisas sino que registra el movimiento de manera contable.

Los fondos surgirán de varias fuentes. Por un lado, la colocación de un bono en el mercado local por 1.000 millones de dólares a 2029, con una tasa interna de retorno del 9,47%. A eso se suma un crédito tipo REPO por 3.000 millones, con vencimiento en enero del próximo año y una tasa del 7,7%, y la reapertura de dos bonos, el AE38 por 3.000 millones y el AL35 por 6.000 millones, que fueron entregados a los bancos como garantía.

Esta combinación implicó un mayor costo financiero, ya que reemplaza deuda previamente colocada a tasas cercanas al 3%, acortó plazos de manera significativa y aumentó el pago de intereses futuros. Además, la mayor cantidad de bonos en circulación presiona a la baja sus precios, algo que ya comenzó a reflejarse en el mercado.

Solo por la ampliación de los bonos AL35 y AE38, este viernes el Estado deberá afrontar pagos adicionales de capital e intereses por más de 230 millones de dólares. En ambos casos, los cupones anuales son del 4,125% y 5%, respectivamente, lo que refuerza el impacto financiero inmediato de la operación.

Antes de esta nueva emisión, el stock de deuda pública ya había aumentado en más de 20.600 millones de dólares entre noviembre de 2023 y noviembre pasado, alcanzando los 443.472 millones. Si se excluye la deuda del Tesoro con el Banco Central, el incremento durante la gestión de Javier Milei asciende a más de 29.000 millones de dólares.

En paralelo, las cuentas del Banco Central muestran una situación frágil. A las reservas internacionales, que rondan los 44.000 millones de dólares, se les contraponen fuertes pasivos, entre ellos el swap con China, los encajes de depósitos, compromisos con Estados Unidos y la deuda por la emisión de Bopreales. A eso se suma el nuevo acuerdo con el FMI, cuyos fondos figuran en el balance del BCRA, pero cuyo repago recaerá sobre el Tesoro y, en última instancia, sobre los contribuyentes.