Río amaneció este martes en estado de sitio. Desde la madrugada, helicópteros, drones y vehículos blindados irrumpieron en las favelas de Alemão y Penha, epicentros del narcotráfico en la zona norte de la ciudad. Las calles fueron bloqueadas, los accesos cortados y las ráfagas de tiros se extendieron durante horas. El balance inicial fue de 64 muertos —cuatro de ellos policías—, además de 81 detenidos y 42 fusiles de alto calibre incautados.

El operativo, que desplegó una treintena de blindados y drones de ataque, tuvo como principal objetivo a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado como jefe regional del Comando Vermelho en el complejo de Penha. Acusado de homicidio, tráfico y tortura, Doca es considerado uno de los principales articuladores del negocio de drogas y armas en Río. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales por información que conduzca a su captura.

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El Comando Vermelho, surgido en una cárcel de Río en 1979, controla hoy gran parte del narcotráfico en el país. Su estructura combina liderazgo carcelario, redes de lavado de dinero y dominio territorial en barrios donde el Estado está ausente. La fiscalía considera que Penha y Alemão son zonas estratégicas por su cercanía a las autopistas que conectan con los principales corredores logísticos de la ciudad.

El gobernador Cláudio Castro calificó la ofensiva como “una guerra” y denunció que el Estado “está solo en este enfrentamiento”, tras el rechazo de las Fuerzas Armadas a colaborar con blindados. Mientras tanto, más de 200.000 personas quedaron afectadas por el cierre de escuelas, desvíos de transporte y suspensión de servicios públicos.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el alto costo civil de este tipo de operaciones. Human Rights Watch recordó que un reciente proyecto de ley en Río permitiría recompensas a policías por abatir sospechosos, lo que “incentiva los disparos en lugar de los arrestos”. La impunidad y la violencia institucional son, desde hace décadas, parte del drama estructural de la seguridad en la ciudad.

El desafío ahora será evitar que la intervención sume otro capítulo al ciclo de violencia recurrente en las favelas. Sin presencia sostenida del Estado ni políticas de inclusión, advierten los expertos, los golpes al crimen organizado son apenas un respiro en una guerra que parece no tener fin.