El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno de Javier Milei avanzará con la privatización de AySA, la empresa de Agua y Saneamientos Argentinos. Según indicó en conferencia de prensa, el Estado transferirá el 90% de las acciones a capital privado a través de un esquema mixto de licitación nacional e internacional.

La medida forma parte de las facultades otorgadas por la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización. El proceso será supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y, según Adorni, permitirá “modernizar el precio y la calidad del servicio”.

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El funcionario justificó la decisión al señalar que desde su reestatización en 2006, AySA recibió más de 13.400 millones de dólares en aportes del Tesoro Nacional. También aseguró que los trabajadores de la empresa podrán participar como accionistas.

Una de las consecuencias directas de la privatización podría ser el corte del suministro a usuarios con deudas, algo que actualmente no se aplica por tratarse de un servicio esencial. El posible regreso de esa política ya había sido advertido por fuentes oficiales.

AySA fue privatizada por primera vez en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem, y operada por el grupo francés Suez bajo el nombre de Aguas Argentinas. Tras una gestión fuertemente cuestionada por incumplimientos y baja calidad del servicio, el Estado volvió a tomar el control en 2006.

La decisión del gobierno de Milei retoma ese camino privatizador, abriendo un nuevo capítulo en la historia de una empresa clave para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en el AMBA.