La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) asestó un nuevo golpe judicial al gobierno de Javier Milei al confirmar este lunes la suspensión de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que buscaban limitar el derecho a huelga en sectores clave como transporte, salud y educación.

El fallo de la Sala IV, con las firmas de los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, ratificó la resolución de primera instancia de la jueza Moira Fullana, quien había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

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Según la resolución judicial, los artículos suspendidos vulneraban el principio de libertad sindical y excedían las facultades del Poder Ejecutivo, al pretender regular derechos constitucionales sin intervención del Congreso. “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, recordó la Cámara, citando el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La Cámara también remarcó que la posibilidad de dictar DNU está limitada a “circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes”, y sostuvo que en este caso no se acreditaron esas condiciones.

El artículo 2 del DNU ahora suspendido declaraba como servicio esencial la navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas y mercaderías. El artículo 3 fijaba un piso obligatorio de cobertura del 75% para servicios esenciales y del 50% para servicios de “importancia trascendental” durante las medidas de fuerza, impidiendo la negociación de menores porcentajes entre las partes.

Desde la CGT celebraron el fallo y recordaron que el derecho de huelga está amparado por la Constitución y por convenios internacionales como el N°87 de la OIT, que protegen la libertad sindical.

Esta decisión representa un fuerte límite jurídico al intento del Ejecutivo de intervenir por decreto en cuestiones laborales sensibles, y refuerza la vigencia del principio de división de poderes en un contexto de creciente conflictividad entre el Gobierno y el sindicalismo.