La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena política y social tras la masiva movilización convocada por la CGT para rechazar el proyecto. El debate legislativo fue postergado para febrero, pero el contenido de la iniciativa ya generó fuertes cuestionamientos por su alcance y por los cambios estructurales que propone en el mundo del trabajo.

Lejos de limitarse a una reorganización del mercado laboral o a la promoción del empleo, la propuesta oficial apunta a rediseñar el funcionamiento económico, social y laboral del país. Según distintos análisis, el proyecto avanza sobre derechos históricos de los trabajadores y busca intervenir sobre cuatro ejes centrales: disciplinar a la fuerza laboral, debilitar el poder sindical, fragmentar el mundo del trabajo y mejorar la rentabilidad empresaria mediante una transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital.

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Especialistas en economía y empleo señalan que no existe evidencia de que una reforma laboral, por sí sola, genere más puestos de trabajo. Por el contrario, remarcan que el principal factor para la creación de empleo es el crecimiento de la actividad económica. En ese marco, advierten que el actual rumbo económico muestra señales preocupantes, ya que 2025 podría convertirse en el primer año desde 1983 en el que, aun con crecimiento, no se generen nuevos empleos formales y se registre una destrucción neta de puestos de trabajo.

La experiencia internacional y local refuerza estas críticas. Estudios comparativos indican que las reformas flexibilizadoras no mejoran la productividad ni el nivel de empleo, pero sí incrementan la desigualdad. En Argentina, los períodos de mayor creación de trabajo coincidieron con marcos de mayor protección laboral, mientras que las reformas de los años noventa convivieron con más desempleo e informalidad.

Desde el ámbito académico, un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín sostiene que el proyecto del Gobierno no contribuye a formalizar ni a mejorar la calidad del empleo. Por el contrario, advierte que habilita un deterioro salarial, debilita la negociación colectiva, restringe la acción sindical y afecta el financiamiento de la seguridad social.

Uno de los puntos más cuestionados es la mayor discrecionalidad otorgada a los empleadores en la organización del tiempo de trabajo. La habilitación de jornadas extendidas, el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones son señalados como mecanismos que diluyen el pago de horas extras, dificultan el descanso y profundizan la precarización laboral, afectando el equilibrio entre la vida personal y el empleo.

El proyecto también introduce cambios que impactan de lleno en el funcionamiento de los sindicatos. Analistas advierten que la iniciativa busca debilitar su capacidad financiera y su rol como organizaciones sociales, al limitar los mecanismos de recaudación, recortar aportes y afectar el financiamiento de las obras sociales. Esto no solo compromete la negociación salarial, sino también la red de servicios y contención que los gremios brindan a millones de familias.

Otro eje central es la fragmentación del mundo del trabajo. La descentralización de la negociación colectiva y la promoción de convenios por empresa o región podrían derivar en salarios y condiciones laborales desiguales para tareas similares, fomentando la competencia entre trabajadores y debilitando su poder de negociación colectiva. A esto se suma la ampliación de las restricciones al derecho de huelga, que, según estimaciones técnicas, alcanzaría a millones de trabajadores adicionales.

En el plano fiscal, la reforma se articula con la política económica general del Gobierno. La creación de un fondo para cubrir despidos, financiado con aportes patronales que hoy van al sistema previsional, es señalada como una transferencia directa de recursos públicos hacia el sector privado. Especialistas calculan que esta medida implicaría una fuerte caída en la recaudación destinada a jubilaciones y prestaciones sociales.

Para los críticos, la reforma laboral no es una iniciativa técnica sino profundamente política. Su objetivo de fondo sería modificar la relación de fuerzas en el mundo del trabajo y consolidar un modelo económico con menor protección laboral, menor capacidad de organización sindical y mayor concentración de ingresos. Frente a este escenario, la disputa se traslada tanto a las calles como al Congreso, donde sindicatos y sectores opositores reclaman un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo y la necesidad de generar empleo de calidad sin resignar derechos.