Europa vivió una semana de amenazas de bomba en aviones, ciberataques a supermercados y ataques a bancos de sangre. Nadie encontró un solo explosivo. Nadie reivindicó las amenazas con credibilidad. Y sin embargo, media Europa señala a Rusia. La sospecha es coral. La prueba formal, inexistente.

Entre el lunes 2 y el jueves 5 de noviembre, al menos 25 vuelos comerciales en 14 países recibieron amenazas de bomba. Solo el jueves fueron 15, según la lista de The Guardian. Hubo aterrizajes de emergencia, cazas de escolta y evacuaciones. En Madrid, AENA confirmó tres vuelos interrumpidos. En todos los casos, cero explosivos.

En paralelo, hackers manipularon los sistemas de refrigeración de supermercados en hasta ocho países europeos y elevaron la temperatura de tres bancos de sangre en Francia de -30 a 110 grados. No hubo impacto sanitario porque los sistemas de alerta funcionaron.

La única reivindicación de los ciberataques apareció en la dark web, firmada por los grupos prorrusos Noname057(16) y Z-Pentest. Amenazaron con atacar “acueductos, centrales eléctricas, plantas industriales y almacenes de alimentos”. Pero los investigadores desconfían: el texto contiene elementos copiados de fuentes abiertas y no aporta prueba técnica verificable.

La Comisión Europea dijo que “todavía no está claro si la serie de alertas falsas están conectadas”. El comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, declaró que era “demasiado pronto para sacar conclusiones”. La OTAN no emitió un comunicado propio; solo desplegó aviones de combate para escoltar vuelos cuando fue necesario.

Sí hubo señalamientos previos. Dinamarca, Polonia y Rumanía ya habían acusado directamente a Moscú en episodios anteriores. Alemania culpó a Rusia del ataque con dron al aeropuerto de Leipzig/Halle en agosto. Estonia señaló a los servicios especiales rusos por un ataque incendiario contra la empresa de defensa Milrem Robotics. Suecia anunció el restablecimiento de controles fronterizos internos a partir del 12 de noviembre por “una grave amenaza al orden público y la seguridad interna”.

El jefe del MI5, Ken McCallum, describió a Rusia como “el agresor número uno” y dijo que sus servicios “están volviendo a intensificar sus intentos de librar una guerra híbrida”, cuidando de mantenerse por debajo del umbral del artículo 5 de la OTAN. Según él, las amenazas estatales se cuadruplicaron en la última década.

El Kremlin lo niega. El portavoz Dmitri Peskov dijo: “Estas afirmaciones son absurdas. Como siempre, carecen de argumentos y pruebas”.

La estructura se repite. En septiembre, dos casos siguieron el mismo esquema. En Fairford, la hipótesis inicial fue “complot iraní con explosivos”; en 48 horas se supo que había gasolina, no explosivos, y los siete detenidos quedaron libres sin cargos. En FlyDubai, la primera versión fue “piloto ruso contra copiloto ucraniano”; la investigación reveló que fue un copiloto omaní quien apuñaló al capitán. En ambos, la hipótesis más alarmante fue titular y la corrección quedó enterrada.

La ola de noviembre repite la estructura, pero con una diferencia: ahora no hay nada que corregir porque no hubo detenidos, no hubo cargos, no hubo caso judicial que se cayera. La sospecha flota sin ancla.

La pregunta no es si Rusia lo hizo. La pregunta es qué evidencia haría falta para probarlo, y por qué esa evidencia no está sobre la mesa. Que la atribución sirva a un fin político no la vuelve falsa. Que sea útil no la vuelve verdadera.

Por Sandra Sosa.

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