El Gobierno de Javier Milei logró este viernes la media sanción en el Senado de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el resultado quedó lejos del triunfo político que pretendía exhibir. Tras semanas de negociaciones y en medio de una masiva movilización frente al Congreso, La Libertad Avanza se vio obligada a retirar dos de los capítulos centrales de la iniciativa para evitar una derrota legislativa y terminó aprobando un proyecto significativamente recortado.

Con 37 votos a favor y 33 en contra, el oficialismo consiguió aprobar en general el texto gracias al respaldo del Partido Propuesta Republicana, la mayor parte de la Unión Cívica Radical y algunos bloques provinciales. Sin embargo, el costo político fue elevado: primero debió resignar el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros y, minutos antes de la votación en particular, también retiró las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego al comprobar que ya no contaba con los apoyos necesarios.

La sesión transcurrió mientras en las inmediaciones del Congreso miles de personas rechazaban el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Organizaciones sindicales, sociales, ambientales, estudiantiles y políticas protagonizaron una multitudinaria protesta que fue reprimida por las fuerzas federales con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. La jornada dejó personas heridas, detenidas y una fuerte polémica por el operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad.

El oficialismo llegó al recinto con un proyecto distinto al que había defendido durante meses. Apenas horas antes del debate distribuyó una nueva versión del dictamen que ya no incluía el polémico capítulo sobre la extranjerización de la tierra, una de las principales banderas de la oposición y de las organizaciones que impulsaron la movilización nacional.

La presión política ejercida por gobernadores, legisladores dialoguistas y las protestas que se multiplicaron en todo el país terminó erosionando la estrategia oficial. A lo largo de la sesión también comenzó a desmoronarse el respaldo a las reformas sobre la Ley de Manejo del Fuego. Senadores aliados expresaron públicamente sus reparos y dejaron al descubierto que el Gobierno ya no tenía los votos suficientes para sostener ese capítulo.

El radical Maximiliano Abad cuestionó la constitucionalidad de la propuesta al advertir que "está viciado de inconstitucionalidad, que va a ser materia de discusión judicial y la seguridad jurídica, que este proyecto viene a buscar, se debilita". A esa postura se sumaron legisladores provinciales que terminaron inclinando la balanza y obligaron al oficialismo a retroceder por segunda vez en una misma jornada.

Desde Unión por la Patria denunciaron además la falta de transparencia en el tratamiento del proyecto. El presidente del interbloque, José Mayans, criticó que la nueva versión del dictamen fuera entregada apenas unas horas antes del inicio de la sesión y reclamó que el expediente regresara a comisión. "Se recibió el supuesto despacho a las 11.45. Yo me enteré de casualidad", afirmó. La moción fue rechazada por 38 votos contra 31.

A pesar de los cambios, el proyecto mantiene algunos de sus puntos más controvertidos. Entre ellos figuran las modificaciones al régimen de expropiaciones, que endurecen las condiciones para que el Estado pueda declarar la utilidad pública de bienes privados, y la reforma del sistema de desalojos, que acelera los procesos judiciales y reduce los plazos para que un propietario pueda reclamar la restitución de un inmueble.

Durante el debate, el senador Jorge Capitanich sostuvo que "el problema de la Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, sino el acceso a la propiedad privada a los pobres", mientras que Mariano Recalde advirtió que las nuevas disposiciones "incluyen a los inquilinos con contrato por el mero atraso en el pago del alquiler", en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica. La senadora Carmen Álvarez Rivero afirmó que "necesitamos reglas claras para que las inversiones vengan a la Argentina", mientras que Juan Carlos Pagotto aseguró que "el proceso es la respuesta civilizada, es la respuesta del derecho a determinados conflictos legales o jurídicos".

Aunque el Gobierno consiguió superar el trámite en el Senado, la aprobación dejó en evidencia las dificultades para sostener cohesionado el bloque de aliados que acompañó otras iniciativas oficiales. La necesidad de retirar dos de los capítulos más importantes del proyecto para evitar una derrota parlamentaria expuso la fragilidad de la mayoría construida por La Libertad Avanza y convirtió una victoria legislativa en un resultado condicionado por la presión política, la resistencia social y la pérdida de respaldo dentro del propio esquema de apoyos del oficialismo.