Manuel Adorni presentó finalmente ante la Justicia su explicación sobre el crecimiento de su patrimonio durante su paso por el Gobierno de Javier Milei. Y lejos de cerrar el capítulo, su descargo vuelve a poner sobre la mesa una serie de interrogantes sobre el origen de los fondos, las declaraciones patrimoniales y, especialmente, cómo un supuesto ahorro mantenido durante años en secreto terminó financiando un nivel de gastos considerablemente diferente después de su llegada a la función pública.

La explicación central de Adorni es conocida: asegura que entre 2014 y 2017 invirtió 200.000 dólares en criptomonedas y que esas inversiones llegaron a multiplicarse hasta rozar los 600.000 dólares. Después, según su relato, comenzó a convertir Bitcoin en efectivo, guardó los billetes en su casa y decidió junto con su esposa “vivir como si no los tuvieran”.

La historia tiene un punto particularmente llamativo. Ese supuesto patrimonio permaneció prácticamente inmóvil durante años, según la propia explicación del exfuncionario, pero comenzó a utilizarse con intensidad después de su ingreso al Gobierno. A partir de entonces aparecen en el expediente la compra de propiedades, una vivienda en el country Indio Cuá, refacciones de alto costo, viajes y una serie de gastos realizados incluso mediante tarjetas pertenecientes a otras personas.

El fiscal Gerardo Pollicita había requerido que Adorni explicara el origen de 402.578 dólares gastados durante sus dos años y medio en el Gobierno, además de otros 43 millones de pesos. Según las cuentas de la fiscalía citadas en el expediente, los ingresos de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, no alcanzaban para cubrir la totalidad de los gastos corrientes registrados durante ese período.

Frente a ese dato, la defensa eligió una fórmula que resulta difícil de pasar por alto: calificó los 43 millones de pesos de diferencia como “una brecha residual” y sostuvo que no representan “una desproporción manifiesta”. También argumentó que las diferencias pueden responder a los márgenes de imprecisión propios de reconstruir los movimientos económicos de una familia durante dos años y medio.

Pero hay otro elemento que vuelve todavía más incómoda la explicación: la teoría de las criptomonedas no fue el argumento utilizado desde el comienzo de los cuestionamientos. En marzo, Adorni había asegurado públicamente: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Y el 29 de abril sostuvo que “nunca existió ocultación alguna”.

La explicación sobre la fortuna cripto apareció posteriormente, en junio, cuando el entonces funcionario habló de sus inversiones y presentó declaraciones juradas rectificadas. Allí aseguró que había comenzado a invertir doce años antes y que esos fondos explicaban el origen de buena parte del patrimonio cuestionado.

Así, una de las claves de su defensa pasa por presentar la omisión como un error y no como una maniobra deliberada. Adorni sostiene que el dinero era anterior a su llegada al Gobierno y que tenía derecho a rectificar sus declaraciones patrimoniales. La Justicia deberá determinar ahora si la documentación presentada permite respaldar esa explicación.

El caso adquiere todavía más particularidad cuando aparece el supuesto “olvido” de una suma que rondaría el medio millón de dólares. La defensa sostiene que Adorni tenía ese dinero proveniente de sus inversiones, pero que no lo declaró inicialmente. Al mismo tiempo, plantea que el hecho de haber revelado posteriormente la existencia de las billeteras virtuales demostraría que no hubo intención de ocultamiento.

También están las propiedades y sus costos. Adorni rechazó la cifra de 245.000 dólares atribuida por el contratista Matías Tabar a las obras realizadas en la casa de Indio Cuá. Según su presentación, el costo real habría sido de 174.954,58 dólares. La defensa cuestionó además la forma en que el contratista habría registrado los gastos y señaló pagos en efectivo sin comprobantes y distintos elementos sin documentación.

A esto se suma otro capítulo particularmente difícil de digerir: el uso de tarjetas de crédito de personas de su entorno. Adorni explicó que recurrió a su secretaria, una empleada y un amigo porque no tenía tiempo para ocuparse personalmente de determinadas compras debido a “las presiones a las que estaba sometido y la gran carga horaria”.

Entre esos movimientos aparece el caso de una secretaria que habría pagado 8 millones de pesos en blanquería, mientras la defensa sostiene que el dinero fue posteriormente reintegrado en efectivo. También se mencionan compras realizadas mediante tarjetas de una empleada y de un amigo.

La explicación resulta todavía más llamativa cuando se la contrasta con el argumento de austeridad que Adorni asegura haber mantenido durante los años previos. Según su propio relato, la familia decidió durante mucho tiempo preservar el dinero para el futuro de sus hijos. Sin embargo, tras su llegada al Gobierno aparecieron propiedades, viajes al Caribe, estadías en establecimientos de alto costo, vuelos en primera clase y gastos importantes con tarjetas.

La defensa intenta presentar todo ese movimiento como el resultado perfectamente explicable de un patrimonio previo, ingresos familiares e inversiones lícitas. En su escrito sostiene que la evolución patrimonial “encuentra explicación razonable en operaciones lícitas, verificables y consistentes con su actividad, la de su cónyuge y las restantes fuentes lícitas de ingresos del grupo familiar”.

También niega que haya existido enriquecimiento ilícito y plantea que, como máximo, podría existir “alguna cuestión de índole o naturaleza tributaria”.

Ahora será la Justicia la que deberá contrastar cada una de esas afirmaciones con la documentación, los movimientos financieros, las declaraciones patrimoniales y el resto de la prueba reunida. No alcanza con contar una historia sobre Bitcoins para que las cuentas cierren: justamente eso es lo que deberá determinar el expediente.

Por ahora, el descargo deja una sucesión de explicaciones que difícilmente puedan considerarse sencillas: cientos de miles de dólares supuestamente atesorados en efectivo, un patrimonio que no habría sido declarado inicialmente, un salto en el nivel de consumo después de la llegada al poder, propiedades, remodelaciones de seis cifras en dólares, viajes, gastos con tarjetas ajenas y una diferencia millonaria que la defensa define como “residual”.

La cuestión de fondo ya no es solamente de dónde salió el dinero. También es por qué una fortuna que, según Adorni, llevaba años destinada a garantizar el futuro de sus hijos comenzó a aparecer en forma de propiedades, viajes y gastos millonarios precisamente cuando su dueño desembarcó en la Casa Rosada. Y esa es una pregunta que, más allá de cualquier discurso político, tendrá que responder la documentación que analice la Justicia.