La Ley Nacional de Etiquetado Frontal volvió a quedar en el centro de la discusión luego de que el Gobierno nacional impulsara en el Congreso un proyecto para derogarla. La iniciativa abrió un fuerte debate entre funcionarios, la industria alimenticia y especialistas en nutrición, quienes coinciden en que el sistema puede mejorarse, aunque discrepan sobre el camino a seguir.

La norma 27.642, vigente en todo el país, incorporó los octógonos negros que advierten cuando un alimento contiene exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, además de establecer restricciones para la publicidad dirigida a niños y la comercialización de determinados productos en escuelas.

En paralelo al proyecto oficial para eliminar la ley, un grupo de especialistas nucleados en PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) planteó que el debate no debería centrarse en quitar los sellos, sino en perfeccionar el sistema para que brinde información más precisa y útil a los consumidores.

Los expertos sostienen que el etiquetado frontal continúa siendo una herramienta importante de salud pública, pero consideran necesario revisar los criterios técnicos utilizados para asignar los octógonos. Según explicaron, el modelo actual puede otorgar la misma cantidad de advertencias a alimentos con perfiles nutricionales muy diferentes, dificultando que los consumidores distingan cuál es la opción más saludable.

La doctora en nutrición María Elena Torresani, integrante de PROFENI, afirmó que el desafío consiste en preservar el derecho de las personas a recibir información clara, pero con un sistema que refleje con mayor precisión las diferencias entre los productos.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la metodología utilizada por la legislación vigente, basada en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De acuerdo con los especialistas, ese modelo fue diseñado originalmente para evaluar dietas completas y no alimentos individuales, por lo que consideran que existen aspectos técnicos que deberían actualizarse.

Entre las propuestas presentadas figura reemplazar el sistema de umbrales móviles por criterios basados en valores absolutos cada 100 gramos o 100 mililitros, metodología utilizada en países como Brasil, Chile y Uruguay. También plantean diferenciar con mayor claridad los azúcares naturalmente presentes en los alimentos de aquellos agregados durante los procesos industriales.

Los especialistas remarcan además que la normativa actual puede desalentar la reformulación de productos. En algunos casos, explican, una empresa reduce el contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas, pero el alimento mantiene la misma cantidad de sellos debido al mecanismo de cálculo vigente.

Otro punto planteado por PROFENI es ampliar la información nutricional hacia alimentos que actualmente quedan fuera del sistema, como los vendidos en panaderías, restaurantes, heladerías y otros comercios sin envases. Para esos casos proponen incorporar herramientas como códigos QR que permitan acceder a la composición nutricional.

Desde el Gobierno sostienen que la ley presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas, por lo que enviaron al Congreso un proyecto para derogarla. La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y busca avanzar hacia un esquema armonizado con las regulaciones del Mercosur.

La postura oficial es compartida por la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), que agrupa a empresas como Arcor, Coca-Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever. El sector cuestiona principalmente la fórmula utilizada para calcular los sellos de advertencia y sostiene que el sistema actual puede generar distorsiones al comparar productos con composiciones nutricionales diferentes.

Mientras el Congreso comienza a debatir el futuro de la ley, especialistas insisten en que el etiquetado frontal debe formar parte de una estrategia más amplia que incluya educación alimentaria, promoción de hábitos saludables y un mayor acceso de la población a alimentos de mejor calidad nutricional. El resultado de la discusión definirá el futuro de una de las principales políticas de información alimentaria implementadas en la Argentina en los últimos años.