El juicio por el hundimiento del ARA San Juan terminó con una condena que dejó más sabor a impunidad que a reparación para buena parte de las familias de los 44 tripulantes muertos. Tras cuatro meses de audiencias en Río Gallegos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad condenó únicamente al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional, mientras absolvió a los otros tres exoficiales de la Armada que estaban acusados.

La sentencia recayó sobre quien conducía la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia, ocurrida en noviembre de 2017, cuando la nave desapareció con toda su tripulación a bordo. Villamide fue considerado responsable por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Sin embargo, no irá a prisión, ya que la pena fue dejada en suspenso.

Para las familias, el fallo volvió a exponer los límites de un proceso judicial que no alcanzó a las máximas autoridades navales ni a los responsables políticos de aquel momento. El entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades del gobierno de Mauricio Macri, entre ellas el exministro de Defensa Oscar Aguad, quedaron fuera del juicio oral principal.

“Me queda un sabor a poco, no alcanzó todo lo que se hizo, no alcanzó a todos los acusados, debería haber llegado a los más altos responsables que pusieron la firma, o ese sello que tanto pesaba, para que esas 44 vidas no hayan podido regresar, lamentablemente esto puede volver a pasar, no hay nada que repare nuestra pérdida”, dijo María Tolaba, hermana del submarinista sonarista Aníbal Tolaba, el tripulante más joven del ARA San Juan, que tenía 24 años y era oriundo de Jujuy.

El fallo fue dictado luego de más de 30 audiencias y de la declaración de más de 90 testigos. Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez analizaron la responsabilidad penal de cuatro exfuncionarios de alto rango de la Armada que estaban por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio.

Además de Villamide, estaban imputados el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Los tres fueron absueltos, una decisión que profundizó la frustración de familiares que esperaban una condena más amplia y una reconstrucción judicial capaz de abarcar toda la cadena de responsabilidades.

La pena impuesta a Villamide incluye normas de conducta para mantener el carácter condicional de la condena. Deberá fijar domicilio y teléfono ante la Justicia, no podrá cometer nuevos delitos y tendrá que someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

El excapitán rechazó la decisión del tribunal. “Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino, no me pudieron explicar qué hice mal”, manifestó tras conocer la sentencia. Su defensor, Juan Pablo Vigliero, calificó el fallo como “insólito e injusto”.

Las querellas hicieron lecturas distintas, aunque atravesadas por la misma sensación de que el proceso llegó tarde, incompleto y con responsabilidades recortadas. La abogada Valeria Carreras, representante de 34 familias, rescató que por primera vez un jefe naval haya sido condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz.

“Es la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz. Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, sostuvo Carreras.

La abogada reconoció, sin embargo, el impacto amargo de la sentencia entre los familiares. “Es poco, no lo esperábamos”, contó que le escribían en mensajes privados. Luego agregó: “Pero hay una segunda lectura, ha sido un logro de un puñado de familias sin poder ni abolengo, es un paso enorme haber podido probar el estrago culposo”.

“Con esta sentencia hay cierta justicia para los 44 tripulantes, hay un mensaje a las Fuerzas Armadas y a todo el estamento estatal para que cuiden a los servidores de la patria, hoy quedó establecido que no se pueden generar las condiciones de falta de seguridad, hay que darle garantías mínimas a los trabajadores para desempeñar su rol”, agregó Carreras.

Del otro lado, el abogado Luis Tagliapietra, padre del capitán de navío Alejandro Tagliapietra y querellante de otro grupo de familiares, fue mucho más crítico con el resultado del juicio. “Era lo previsible por como se dieron todas las circunstancias, tres absueltos y uno condenado a una pena menor, no me sorprende, a veces uno quisiera que le tapen la boca pero claramente esto dio cuenta de todo lo que hemos denunciado previamente, así que vamos a seguir peleando porque no queda otra”, sostuvo.

Tagliapietra volvió a cuestionar la competencia del tribunal y el desarrollo del proceso. Según afirmó, este tribunal “no tendría que haber llevado adelante el juicio, porque es incompetente, además de que faltaron medidas de prueba fundamentales para establecer la verdad”.

La crítica de fondo apunta a que la Justicia juzgó apenas una parte de la tragedia. El juicio se concentró en mandos navales intermedios y dejó afuera a quienes ocupaban los lugares más altos de conducción institucional y política cuando el submarino desapareció.

En el recorrido de los familiares en busca de verdad y justicia, todavía permanece abierta la pregunta por el rol de las autoridades superiores de la Armada y del poder político. El entonces jefe naval Marcelo Srur solo había recibido una sanción de 45 días de arresto por parte del Consejo de Guerra. Macri y Aguad, en tanto, no fueron juzgados en este proceso oral.

La figura del expresidente volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos de los familiares, no solo por la gestión de la búsqueda, sino también por las denuncias de espionaje ilegal contra quienes reclamaban respuestas. En febrero de 2018, Macri había intentado justificar la demora en hallar el submarino con una frase que aún genera indignación: “el mar es inmenso, el submarino es pequeño”.

“A mí no me cambia absolutamente nada si son condenados o absueltos. Me hubiera gustado que (los cuatro imputados) me digan todo lo que saben, toda la verdad. Los invito a hacerlo, como en su momento invité al expresidente Macri a que me conteste por qué nos espiaron y nos persiguieron. Tampoco me contestó”, había dicho Tagliapietra al finalizar su alegato.

Carreras recordó que el 19 de noviembre de 2020 la Cámara hizo lugar a un planteo suyo y ordenó investigar la responsabilidad de Macri y Aguad. “Esa investigación está en trámite en Caleta Olivia y esta querella de 34 familiares continuará instando la causa”, afirmó.

Macri y Aguad habían sido denunciados por encubrimiento luego de que se revelara que la Armada Argentina habría conocido la ubicación del naufragio pocos días después del último contacto. Sin embargo, el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en 2020 excluyó a los funcionarios políticos del juicio oral principal y limitó las responsabilidades penales al personal militar de la Armada.

En paralelo, Macri fue procesado inicialmente en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas. Luego, la Cámara Federal revocó ese procesamiento y, posteriormente, la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia confirmaron su sobreseimiento al considerar que no existió delito.

Para Tagliapietra, esa decisión no cerró el tema. Al contrario, el abogado sostuvo que las prácticas de seguimiento y presión continuaron durante estos años. Consultado sobre la capacidad de influencia de la institución naval en la causa, fue tajante: “No tengas ni la menor duda, a punto tal que se han encargado de los viáticos de todos los testigos, e incluso de los imputados, imaginate de todo lo que se encargaron por atrás, por así decirlo”.

El abogado precisó que “todas las instituciones, las segundas y terceras líneas, siguen con exactamente la misma actividad. Nosotros seguimos sufriendo espionaje, nos siguen pasando un montón de situaciones que son atípicas, que obviamente, dado los resultados, ya es inútil incluso denunciarlas”.

En esa línea, agregó: “Todo sigue funcionando de la misma manera, no ha variado en ninguno de los tres gobiernos, todo lo que ha pasado en estos nueve años tuvo una línea de tiempo ininterrumpida en cuanto a ese tipo de acciones. No estamos hablando de una situación aleatoria. Fue todo continuo, es continuo. Así que no tengo ninguna duda del poder que siguen desplegando”.

La sentencia, lejos de cerrar la herida, volvió a mostrar la distancia entre la demanda de justicia de los familiares y la respuesta institucional. La condena a Villamide marca un precedente, pero su levedad y las tres absoluciones dejan abierta la sensación de que el sistema judicial apenas rozó una parte de la verdad.

En el tramo final del juicio, los exmarinos imputados se habían lamentado de “todo lo que les tocó pasar en estos ocho años”. La respuesta de María Tolaba condensó el dolor acumulado de las familias. “Les quiero recordar que hay hijas que esperaban a su padre para festejar sus 15, una novia que esperaba a su novio para casarse, un veterano que volvió de una guerra pero no resistió perder a su hijo de esta manera, en definitiva pesó más sus tragedias personales que el modo en que arrasaron con nuestras familias”, dijo con la voz quebrada.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Fue encontrado un año y un día después, el 16 de noviembre de 2018, por la empresa estadounidense Ocean Infinity.

ARA son las siglas que identifican a los buques de guerra y submarinos argentinos. Significa Armada de la República Argentina. En la jerga naval militar, se utilizan como prefijo oficial, de manera similar a “USS” en Estados Unidos o “HMS” en el Reino Unido.

Casi nueve años después de la desaparición del submarino, la Justicia dejó una condena leve, tres absoluciones y una pregunta que sigue golpeando a las familias: quiénes fueron todos los responsables de que 44 tripulantes no volvieran jamás.