En medio de una ola de frío y con millones de familias dependiendo del gas para calefaccionarse, el Gobierno de Javier Milei volvió a poner sobre la mesa el recorte del régimen de Zona Fría. El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue al Senado para intentar reactivar el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y que apunta a quitar o reducir beneficios en las facturas de gas de distritos de la Patagonia, Mendoza, el sur de la provincia de Buenos Aires y otras regiones alcanzadas por bajas temperaturas.

La jugada expone otra vez la lógica del ajuste oficial: avanzar sobre derechos y compensaciones territoriales mientras el país atraviesa los días más crudos del invierno. Tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, la Casa Rosada buscó mostrar una supuesta reactivación de su vínculo con el Congreso y anunció que intentará empujar la reforma política, cambios al proyecto de Inocencia Fiscal y la modificación del régimen de Zona Fría, una medida que golpearía de lleno sobre hogares que consumen más gas no por privilegio, sino por necesidad climática.

Santilli reunió a la cúpula del bloque de La Libertad Avanza y a legisladores aliados al Gobierno nacional. Para defender la modificación del régimen llevó también a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. “Se escuchó la postura del Gobierno sobre el proyecto”, comentó a El Destape un senador al tanto de lo conversado. Detrás de esa frase aparece una realidad incómoda para el oficialismo: el texto genera rechazo, dudas y costos políticos incluso entre sectores que suelen acompañar a la Casa Rosada.

Hasta comienzos del mes pasado, en el propio oficialismo veían lejana la posibilidad de mover la reforma de Zona Fría, pese a que el proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados. La iniciativa no había tenido avances firmes en comisiones y algunos imaginaban su tratamiento recién hacia fin de año. Sin embargo, el Gobierno decidió descongelarla en pleno invierno, cuando el impacto de cualquier recorte sobre la tarifa de gas se vuelve más evidente para las familias.

En el Senado, la maniobra aparece atravesada por otra discusión sensible: el financiamiento universitario. “Parece que quieren usar lo que ponen ahí para cumplir con las universidades”, sugirió una fuente parlamentaria consultada sobre la reactivación del expediente, en referencia a la ley de Financiamiento Universitario que Milei y su gestión se negaron a cumplir. El mensaje político es claro: el Gobierno busca mover partidas y recortar beneficios sociales para sostener su propio esquema fiscal.

El panorama legislativo, sin embargo, no parece sencillo. “Todo está difícil. Zona Fría ni los del sur la quieren votar, porque al subsidiar el consumo, y no la boleta, tienen una suba. Insignificante, pero aumento al fin”, reconocía una fuente del bloque de La Libertad Avanza. Por ahora, no habría chances de incluir el tema en la próxima sesión, prevista para el 16 de julio, aunque el oficialismo pretende mantener abierta la negociación.

Uno de los puntos más sensibles está en la posición de los senadores radicales por Mendoza, alineados con el gobernador Alfredo Cornejo. Semanas atrás, se ubicaban entre los rechazos al proyecto, en contraste con lo ocurrido en Diputados, donde legisladores que responden al mandatario radical acompañaron la media sanción. Las fuentes radicales consultadas evitaron adelantar cómo se manifestarán en la Cámara alta, una señal de que el costo territorial del recorte pesa en la discusión.

También juegan un rol clave los bloques provinciales. La senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo, que expresa la postura del gobierno de Córdoba, fue tajante: “El proyecto tiene la intención fundamental de bajar el costo a costa de los sectores más vulnerables”. La frase sintetiza el fondo del debate: el Gobierno busca mostrar ahorro fiscal, pero el ajuste se descarga sobre usuarios que viven en zonas donde el consumo de gas responde a condiciones climáticas concretas.

Entre los sectores opositores también aparecen representantes de provincias del norte, que cuestionan la falta de una política equivalente para atender el alto costo de la electricidad durante los meses de verano. “Pagamos la energía más cara que en Buenos Aires”, señalaron desde el entorno de un senador de esa región. La discusión, entonces, no solo abre resistencias por el gas, sino también por la desigualdad territorial en el acceso a servicios básicos.

El peronismo se mantiene en rechazo al vaciamiento de una ley sancionada durante la gestión del Frente de Todos. “Eliminar o debilitar la Zona Fría es una decisión profundamente injusta para las provincias patagónicas y para las demás provincias del país. Desde el Senado vamos a proponer el freno de está injusta medida que solo afecta a la gente. Tenemos que entender que una medida así desconoce las realidades climáticas y económicas de millones de argentinos”, afirmó la senadora del interbloque Popular por Río Negro, Ana Marks.

El proyecto impulsado por el oficialismo deroga artículos centrales de la Ley número 27.637, entre ellos los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8, lo que en los hechos implica vaciar el régimen ampliado de Zona Fría. Esa norma, promovida en 2021, extendió el beneficio a regiones, provincias, departamentos y localidades incluidas en distintas subzonas bioambientales fijadas por el Ente Nacional Regulador del Gas.

La tarifa diferenciada alcanza a zonas de bajas temperaturas, entre ellas sectores de la provincia de Buenos Aires, como la Costa Atlántica y 77 municipios del interior; el centro y sur de Córdoba; el sur de Santa Fe; gran parte de San Luis; y Mendoza, con excepción de Malargüe, que ya estaba contemplado en la legislación anterior. También involucra a distritos patagónicos donde el gas no es un consumo suntuario, sino una condición básica para atravesar el invierno.

El intento de recorte vuelve a mostrar la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana de las provincias. Mientras el Gobierno habla de ordenar cuentas, las familias miran sus facturas y enfrentan temperaturas bajo cero o jornadas de frío extremo. El régimen de Zona Fría no nació como un privilegio, sino como una compensación frente a realidades climáticas desiguales que encarecen la vida en amplios sectores del país.

La decisión de Santilli de llevar el tema al Senado marca el primer intento fuerte de la nueva jefatura de Gabinete por ordenar la agenda legislativa del mileísmo. Pero también lo expone ante una discusión incómoda: defender un recorte que puede impactar directamente sobre hogares, jubilados, trabajadores y sectores medios de provincias donde el gas representa una parte central del presupuesto familiar durante el invierno.

La Casa Rosada intenta presentar la reforma como una corrección de distorsiones, pero el efecto práctico sería una suba en las boletas de usuarios que ya vienen golpeados por aumentos de tarifas, caída del poder adquisitivo y deterioro de ingresos. En ese contexto, el avance contra la Zona Fría aparece como otra pieza del mismo programa: achicar el gasto público sin medir el impacto social y territorial de cada recorte.

En pleno invierno, el oficialismo busca descongelar en el Senado un proyecto que muchos legisladores preferirían mantener guardado por el costo político que implica. La discusión recién empieza, pero ya dejó expuesta una contradicción central del Gobierno: mientras promete aliviar a la gente con estabilidad macroeconómica, insiste en quitar beneficios concretos que ayudan a millones de argentinos a pagar servicios esenciales.