El próximo martes 14 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio, un dato que el gobierno de Javier Milei espera utilizar como parte central de su relato económico. Según el consenso de consultoras privadas, la inflación mensual podría ubicarse por debajo del 2,0 por ciento. Incluso, el vocero presidencial, Adrián Ravier, anticipó que el número podría ser del 1,9 por ciento.

Sin embargo, detrás de esa cifra que el oficialismo buscará presentar como un triunfo aparece una discusión mucho más profunda: qué mide realmente el índice oficial y cuánto de la vida cotidiana de las familias argentinas queda afuera de esa estadística.

El problema no es solo metodológico. El Índice de Precios al Consumidor que utiliza el gobierno de Milei permite construir una narrativa de desinflación mientras oculta el impacto regresivo de un cambio brutal en los precios relativos. La baja del indicador general convive con aumentos muy superiores en servicios públicos, transporte, alquileres, combustibles, prepagas, telefonía móvil, internet y televisión por cable.

Cada comienzo de mes se conocen nuevos incrementos en luz, gas, agua, colectivos, subtes, trenes, peajes, combustibles y servicios privados. Cada semana, además, las consultoras informan subas en alimentos y bebidas. Muchas de esas variaciones superan el número final que luego informa el organismo estadístico. La explicación técnica es que otros rubros compensan esos aumentos dentro del promedio, según la ponderación asignada a cada capítulo del índice.

Pero esa explicación estadística no alcanza para responder la pregunta central que atraviesa a millones de hogares: por qué la inflación oficial baja mientras la plata alcanza cada vez menos.

La respuesta está en la canasta desactualizada y en el cambio de precios relativos que impulsó la política económica liberal-libertaria. Cuando los servicios regulados, el transporte o la salud aumentan mucho más que otros bienes, su peso real dentro del presupuesto familiar crece. Si el índice no actualiza esa nueva realidad, termina midiendo una canasta teórica que ya no coincide con la forma en que viven, consumen y pagan sus cuentas las familias argentinas.

El actual índice parte de una estructura de consumo que ya no representa adecuadamente el presente. Esto significa que puede mostrar una inflación menor mientras subestima el golpe concreto sobre el ingreso disponible. En otras palabras, el Gobierno celebra un dato estadístico mientras el ajuste se siente en las boletas, en el alquiler, en el boleto, en la farmacia y en el supermercado.

La distorsión se vuelve más evidente cuando se observa el efecto de los tarifazos. Durante años se repitió, hasta instalarlo como sentido común, que las tarifas de servicios públicos eran “baratas”. Con ese argumento, el gobierno de Milei avanzó en una corrección acelerada de precios que modificó de manera profunda la composición del gasto familiar. El resultado fue una transferencia de ingresos desde los hogares hacia empresas de servicios y sectores concentrados, en un contexto de salarios y jubilaciones que corren por detrás.

El economista Nadin Argañaraz ofrece una aproximación numérica a ese cambio de precios relativos. Según su análisis, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, de los 12 componentes del índice de precios, 7 registraron aumentos relativos y 5 mostraron bajas relativas.

El rubro vivienda, agua y servicios públicos fue el que más aumentó en relación con el promedio general de precios. En esos 30 meses, subió un 65 por ciento por encima del promedio. En el otro extremo, prendas de vestir y calzado fue el componente que más se abarató en términos relativos, con una baja del 36 por ciento frente al promedio.

También aumentaron con fuerza las comunicaciones, con una suba relativa del 26,7 por ciento, y el transporte, con un avance del 15,4 por ciento. En paralelo, el equipamiento y mantenimiento del hogar estuvo entre los rubros que más bajaron en términos relativos.

La comparación entre bienes y servicios revela con mayor claridad el sesgo del modelo económico. De la mano de los servicios regulados, los servicios aumentaron su precio relativo un 34,4 por ciento, mientras que los bienes bajaron un 11,6 por ciento. El ajuste, entonces, no se distribuyó de manera neutral: golpeó especialmente sobre los gastos fijos que las familias no pueden evitar.

“Este cambio de precios relativos, obviamente, ha generado un cambio del poder adquisitivo del salario en relación con cada componente del índice de precios, siendo la mayor pérdida la registrada en alquileres y servicios públicos y la mayor ganancia la anotada con prendas de vestir”, explicó Argañaraz.

La metodología oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos sostiene que el Índice de Precios al Consumidor mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas. Para eso, utiliza una estructura de ponderaciones elaborada sobre la base de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004-2005, con actualizaciones posteriores por precios.

El organismo informa que releva aproximadamente 320.000 precios por mes en negocios tradicionales, supermercados, hipermercados, empresas prestadoras de servicios, colegios y hogares inquilinos. Pero el volumen de precios relevados no resuelve el problema de fondo: la canasta sobre la que se organiza la medición quedó vieja frente a la transformación del consumo y al peso creciente de los servicios en el presupuesto familiar.

La canasta vigente está desactualizada y la que debía reemplazarla, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, también aparece rezagada frente a los cambios provocados por el actual programa económico. En este contexto, el índice oficial funciona menos como una herramienta para comprender la realidad social y más como un instrumento útil para la propaganda del Gobierno.

La administración de Milei necesita mostrar que la inflación baja para defender el ajuste. Pero esa baja no alcanza para explicar el deterioro de los ingresos, la caída del consumo ni la pérdida de capacidad de pago de los hogares. La inflación oficial puede desacelerarse y, al mismo tiempo, la vida volverse más cara para quienes destinan una porción creciente de sus ingresos a gastos indispensables.

El informe de la Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado y Carlos Pérez, ayuda a dimensionar ese impacto. Según el trabajo, en mayo, mientras el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 33 por ciento en los últimos 12 meses, en el Área Metropolitana de Buenos Aires las tarifas eléctricas y de gas aumentaron en promedio un 55 por ciento y el transporte público subió un 49 por ciento.

Para junio, la Fundación Capital calculó que el gasto promedio mensual en electricidad, gas, agua y transporte público para una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzó los 163.600 pesos en hogares con subsidios y los 275.800 pesos en aquellos que no cuentan con asistencia estatal. En los hogares con subsidios energéticos, pero sin tarifa social de transporte, el costo fue de 232.700 pesos.

En los tres casos, el monto subió alrededor del 55 por ciento frente a junio del año anterior, unos 20 puntos por encima de la inflación general. En el mismo período, los salarios del sector privado registrado habrían aumentado 29,7 por ciento interanual. La conclusión es directa: los servicios avanzaron mucho más que los ingresos.

El dato más contundente aparece al medir el peso de los servicios sobre el ingreso disponible. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el gasto promedio ponderado en servicios públicos representó en junio el 10,8 por ciento del ingreso promedio de los asalariados registrados. Un año antes era del 9,1 por ciento y al inicio del gobierno de Milei era del 4,3 por ciento.

El golpe es todavía más fuerte en los hogares de menores ingresos. Para una familia con ingresos equivalentes a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, es decir 735.600 pesos en junio, el pago de los servicios públicos, incluyendo subsidios, habría llegado al 22 por ciento del ingreso familiar. Esto implica una suba de 5,7 puntos porcentuales frente al año anterior y una cuadruplicación respecto del 5,3 por ciento registrado en diciembre de 2023.

En un hogar que percibe dos jubilaciones mínimas, incluyendo bonos, por un total de 946.636 pesos, el gasto en servicios habría alcanzado el 17,3 por ciento del ingreso. Ese porcentaje triplica el nivel de diciembre de 2023 y muestra con crudeza cómo el ajuste tarifario impacta sobre uno de los sectores más vulnerables.

La Consultora Equilibria también estimó el deterioro del ingreso disponible de 14,5 millones de personas, entre jubilados, empleados públicos y asalariados formales. Según ese cálculo, hacia fines de junio el ingreso disponible se ubicó un 14,5 por ciento por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

Estos números exponen el núcleo del problema que el Gobierno intenta disimular detrás del dato mensual de inflación. La discusión no es si el índice perfora o no el 2,0 por ciento. La discusión es cuánto poder de compra perdió la sociedad mientras el oficialismo celebra una estadística que no refleja la presión real sobre los hogares.

El gobierno de Milei presenta la desaceleración inflacionaria como una señal de orden macroeconómico. Pero ese supuesto orden se apoya en una fuerte licuación de ingresos, en la caída del consumo, en la pérdida de poder adquisitivo y en una estructura de precios que castiga especialmente a quienes destinan la mayor parte de su salario o jubilación a pagar servicios esenciales.

La ficción estadística consiste en mostrar una inflación que baja mientras se oculta que los gastos fijos aumentan más que los ingresos. El índice general puede ofrecer una foto conveniente para la Casa Rosada, pero no muestra la película completa del ajuste: familias que recortan consumos, jubilados que destinan una porción creciente de sus haberes a servicios, trabajadores que pierden margen de decisión sobre su propio salario y hogares cada vez más endeudados.

Por eso, el dato de junio será menos una radiografía de la economía real que una pieza más del discurso oficial. Milei podrá celebrar una inflación cercana al 2,0 por ciento, pero esa cifra no responderá la pregunta que verdaderamente importa: cuánto ajuste adicional puede soportar una sociedad mientras los servicios, las tarifas y el transporte se llevan una parte cada vez mayor del ingreso disponible.

La baja del índice no alcanza para hablar de estabilidad si esa estabilidad se construye sobre el deterioro de la vida cotidiana. El problema central no es solo cuánto baja la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino cuánto se empobrece la mayoría mientras el Gobierno convierte una estadística incompleta en propaganda económica.