El país que presume tener Vaca Muerta vuelve a quedarse sin gas para producir. Por la demora del Gobierno nacional en completar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, la Argentina debe recurrir otra vez a la importación de Gas Natural Licuado justo en medio de un escenario internacional más caro por la guerra en Medio Oriente. El costo de esa falta de planificación ya empezó a caer sobre la industria, que enfrenta restricciones, aumentos extraordinarios y la posibilidad concreta de reducir su actividad.

La paradoja es brutal: sobra capacidad de producción en Vaca Muerta, pero faltan los caños para transportar ese gas hacia los centros de consumo. En lugar de sostener las obras estratégicas que permitirían aprovechar el recurso nacional, el Gobierno dejó avanzar un cuello de botella que ahora pagan las fábricas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, obligadas a reorganizar turnos, frenar líneas de producción o asumir costos que pueden volver inviable su funcionamiento.

Según advierten desde la Unión Industrial Argentina, al menos una de cada dos empresas evalúa disminuir su actividad durante este mes porque no puede absorber el fuerte aumento del costo del gas. El golpe es especialmente duro para las pequeñas y medianas industrias, que no tienen la misma capacidad de negociación ni la misma estructura que las grandes plantas. Muchas se abastecen a través de redes similares a las que proveen a los hogares y, cuando cae la temperatura y sube el consumo residencial, quedan relegadas frente a la prioridad del abastecimiento domiciliario.

La situación ya se traduce en decisiones concretas dentro de las plantas. Empresas de distintos sectores analizan reducir al mínimo el consumo de gas durante los días de mayor demanda, modificar turnos, reorganizar procesos productivos e incluso detener temporalmente líneas de producción. Otras evalúan pagar sobrecostos extraordinarios para sostener la actividad y cumplir con los compromisos asumidos, en un contexto donde producir se vuelve cada vez más caro.

El malestar del sector quedó expuesto en un comunicado de la Unión Industrial de Córdoba, que describió el escenario como una “ley de la jungla energética”. La entidad advirtió que las interrupciones del suministro, incluso sobre contratos firmes y semifirmes, afectan la continuidad operativa de industrias que dependen del gas como insumo esencial. También alertó que muchas empresas deberán reducir actividad, incumplir entregas o absorber costos que golpean directamente sobre su competitividad.

El problema de fondo no está en la producción, sino en la ausencia de infraestructura. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno debía aumentar la capacidad de transporte desde Neuquén hacia los principales centros urbanos e industriales, y reducir la dependencia de importaciones durante los meses de mayor consumo. Pero la obra no avanzó al ritmo necesario y el sistema quedó otra vez expuesto en pleno invierno.

El Gobierno presenta a Vaca Muerta como una promesa exportadora y como una de las grandes fuentes futuras de divisas, pero al mismo tiempo no garantiza las obras necesarias para que ese gas llegue a donde se necesita. Esa contradicción deja en evidencia el impacto de un Estado que se retiró de áreas estratégicas y que, bajo el argumento del ajuste, terminó encareciendo la energía para la producción nacional.

La situación se agravó por la suba internacional del Gas Natural Licuado. El conflicto en Medio Oriente empujó los precios desde valores cercanos a los 11 dólares por millón de BTU hasta niveles de entre 23 y 26 dólares en pocos meses. En ese contexto, la Argentina necesita importar alrededor de 23 barcos de gas para atravesar el invierno, una decisión mucho más costosa que podría haberse reducido con obras de transporte terminadas a tiempo.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió sostener el abastecimiento residencial con gas de producción local y trasladar el mayor costo del combustible importado a la industria. Así, empresas que hasta hace pocas semanas pagaban alrededor de 4,50 dólares por millón de BTU ahora enfrentan valores hasta cinco veces superiores para poder seguir operando.

La decisión responde al objetivo oficial de cuidar el equilibrio fiscal, pero el resultado concreto es que el ajuste se descarga sobre el aparato productivo. A diferencia de otros años, el Estado descartó absorber parte del incremento internacional mediante subsidios y tampoco trasladó el costo de manera directa a las tarifas residenciales para evitar un mayor impacto inflacionario. La salida elegida fue concentrar el aumento sobre la industria.

El problema llega, además, en un momento delicado para la actividad manufacturera. Con una economía debilitada, caída del consumo, salarios golpeados y costos en alza, las fábricas suman ahora una presión energética que amenaza con profundizar la retracción. Las distribuidoras ya comenzaron a recomendar a muchas pequeñas y medianas empresas que reduzcan al mínimo el consumo de gas mientras dure el pico de frío.

Esa restricción puede impactar con más fuerza en sectores intensivos en consumo energético, como cerámica, ladrillos, materiales para la construcción y otras industrias de proceso continuo. En estos rubros, cortar o reducir el suministro no es una simple incomodidad operativa: puede implicar detener hornos, alterar procesos, encarecer la producción y perder entregas comprometidas.

El impacto tampoco se limita al gas. La menor disponibilidad del fluido obliga a utilizar combustibles líquidos, como gasoil y diésel, para generar electricidad, lo que también eleva el costo de la energía eléctrica que pagan las empresas. De esa manera, la falta de infraestructura termina multiplicando problemas en cadena sobre todo el sistema productivo.

Las cámaras empresarias cuestionan además que las restricciones alcancen incluso a contratos de abastecimiento firme, lo que consideran una alteración de las condiciones bajo las cuales planificaron su producción. Esa situación abre la puerta a posibles reclamos judiciales de compañías que entienden que se modificaron compromisos previamente asumidos.

Desde el Gobierno, en cambio, buscan transmitir tranquilidad respecto del abastecimiento residencial. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que “no va a faltar gas en las casas en la medida que no haya un imponderable” y sostuvo que el sistema funciona “perfectamente bien” durante el invierno, incluso en una semana marcada por temperaturas muy bajas.

Pero esa tranquilidad oficial tiene una contracara evidente: para que no falte gas en los hogares, la industria absorbe restricciones, aumentos y pérdida de previsibilidad. El Gobierno intenta mostrar normalidad en el consumo domiciliario mientras traslada el costo de su falta de obras al sector productivo.

La crisis vuelve a exponer una contradicción central del modelo libertario. Se promete eficiencia, exportaciones y desarrollo energético, pero se desatienden las obras necesarias para que la producción nacional pueda funcionar. En el país de Vaca Muerta, las fábricas quedan obligadas a pagar gas importado porque el Estado decidió no garantizar a tiempo la infraestructura básica para transportar el recurso propio.

El resultado es un golpe directo a la industria: más costos, menos producción, más incertidumbre y una dependencia energética que podría haberse evitado. La falta de obras no es un detalle técnico ni una demora administrativa; es una decisión política que hoy deja a las empresas produciendo menos, pagando más y compitiendo en peores condiciones.