La posibilidad de avanzar con modificaciones al régimen que regula la propiedad de tierras rurales volvió a instalar un fuerte debate en Argentina. Diversos especialistas, exfuncionarios y organizaciones vinculadas al estudio de la cuestión agraria expresaron su preocupación ante proyectos que buscan flexibilizar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

Entre las voces críticas se encuentra Pablo Volkind, profesor e historiador de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Observatorio de Tierras Rurales, quien sostiene que los cambios impulsados por el oficialismo podrían profundizar un proceso de concentración y extranjerización de la tierra que lleva décadas desarrollándose en el país.

En la misma línea se manifestó Florencia Gómez, extitular del Registro Nacional de Tierras Rurales, quien consideró que las regulaciones vigentes permitieron transparentar operaciones que anteriormente permanecían ocultas detrás de estructuras societarias complejas. Según planteó, la discusión excede el aspecto económico y alcanza cuestiones vinculadas al control territorial y al acceso a recursos estratégicos.

Uno de los antecedentes que volvió a cobrar relevancia en el debate es un dictamen emitido en diciembre de 2024 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en una causa relacionada con la adquisición de aproximadamente 60.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz por parte de capitales vinculados a empresarios chilenos.

En ese documento, el fiscal Sergio Rodríguez advirtió sobre las implicancias que podría tener la posesión irregular de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera. El dictamen sostuvo que la eventual adquisición de esos territorios por parte de extranjeros no representa únicamente una cuestión patrimonial, sino que también puede involucrar aspectos vinculados a la integridad territorial y la soberanía nacional.

La investigación se centró en una operación realizada a través de sociedades y fideicomisos que, según la fiscalía, habrían sido utilizados para eludir controles establecidos por la normativa vigente. La causa también incluyó acusaciones contra exfuncionarios que habrían intervenido en la autorización de las operaciones.

Los cuestionamientos no se limitan a Santa Cruz. Distintos sectores también señalaron antecedentes en la Patagonia vinculados a grandes extensiones de tierra adquiridas por empresarios extranjeros, entre ellos el británico Joe Lewis, propietario de miles de hectáreas en la zona de Lago Escondido.

Las críticas apuntan especialmente a propiedades ubicadas en áreas consideradas estratégicas por su cercanía con recursos naturales, cursos de agua, pasos fronterizos o instalaciones de relevancia geopolítica. En algunos casos, además, se mencionan aeródromos privados y emprendimientos energéticos desarrollados dentro de esos territorios.

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda impulsó recientemente nuevas denuncias y proyectos legislativos relacionados con operaciones de compraventa de tierras en Río Negro que involucrarían a capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Según sus planteos, varias de esas adquisiciones se realizaron en zonas de frontera y abarcan miles de hectáreas con acceso a recursos hídricos estratégicos.

El debate también se vincula con otras iniciativas impulsadas durante los últimos años en materia de inversiones, explotación de recursos naturales y uso del territorio. Diversos centros de investigación académica sostienen que una eventual flexibilización de los controles podría favorecer procesos de concentración de la propiedad rural y una mayor participación de grandes grupos económicos internacionales en áreas consideradas sensibles.

Desde esos sectores advierten que la discusión no debe limitarse a la cuestión de las inversiones, sino que también debe contemplar aspectos relacionados con el desarrollo productivo, la protección de los recursos naturales y la capacidad del Estado para ejercer control sobre regiones estratégicas.

Mientras tanto, el tema volverá a ocupar un lugar central en la agenda política durante los próximos días, cuando el Congreso analice iniciativas que podrían modificar el marco regulatorio vigente. La discusión promete enfrentar dos visiones contrapuestas: quienes consideran que una mayor apertura puede atraer inversiones y quienes sostienen que la propiedad de la tierra constituye un asunto vinculado directamente con la soberanía nacional y la administración de recursos estratégicos.