El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) al oficializar la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, normativa que autoriza el llamado a licitación para vender el 90 por ciento de las acciones estatales de la empresa.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue publicada en el Boletín Oficial y habilita formalmente el inicio de una “Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple”, mecanismo que tendrá como objetivo transferir la totalidad de la participación accionaria del Estado nacional.

El proceso se realizará bajo la modalidad “sin base” y apunta a seleccionar un “Operador Estratégico”, según establece la normativa, en el marco de lo dispuesto por la Ley 23.696 de Reforma del Estado y el decreto 494/2025.

Uno de los puntos centrales de la resolución indica que toda la operatoria se desarrollará mediante la plataforma estatal CONTRAT.AR. Además, se aprobó un pliego único de bases y condiciones que ya se encuentra disponible para consulta pública.

La normativa también establece que cada interesado deberá realizar por cuenta propia el análisis y evaluación de la documentación vinculada al proceso licitatorio. En ese sentido, el texto aclara que el Estado nacional no aceptará reclamos relacionados con el contenido disponible ni por desconocimiento de la información publicada.

En relación con los plazos, la resolución fija que el llamado a licitación deberá difundirse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial. A su vez, la convocatoria deberá publicarse en los sitios oficiales del Ministerio de Economía y de AySA.

Asimismo, se determinó que entre la finalización del período de difusión y la fecha límite para presentar ofertas deberá existir un plazo mínimo de 45 días corridos.

Dentro de los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que AySA fue incorporada al listado de empresas sujetas a privatización a través del artículo 7 de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En los considerandos también se hace referencia a un “Informe Circunstanciado” elaborado para definir el esquema más conveniente para avanzar con el proceso. Allí se sostiene que la iniciativa no debía limitarse únicamente a un cambio en la titularidad accionaria, sino impulsar una “transformación de importancia refundacional” en el servicio.

La resolución señala además que el Poder Ejecutivo avanzó durante los últimos meses con distintas medidas orientadas a instrumentar un procedimiento de privatización “ordenado”, en línea con la estrategia definida para la reestructuración de empresas públicas.