El Gobierno nacional enfrenta nuevas dificultades legislativas y políticas luego de que comenzara a trabarse uno de los proyectos más sensibles impulsados por la administración de Javier Milei: la reforma sobre propiedad privada que incluía modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, cambios en barrios populares y mecanismos para agilizar desalojos.

La iniciativa, impulsada dentro de un amplio paquete de reformas promovido por La Libertad Avanza, llegaba al Senado con el objetivo de avanzar sobre distintas regulaciones vinculadas a la propiedad de la tierra. Sin embargo, durante las últimas semanas comenzaron a surgir cuestionamientos de organizaciones sociales, referentes del ámbito rural y organismos internacionales, lo que derivó en modificaciones de último momento por parte del oficialismo.

Según trascendió, el Gobierno aceptó retirar del proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Barrios Populares, que había generado fuertes cuestionamientos por la posibilidad de habilitar procedimientos de desalojo más rápidos y reducir herramientas de protección para miles de familias.

Además, se anunciaron cambios sobre el apartado referido a la Ley de Tierras, una de las reformas que había despertado mayor controversia. La iniciativa original buscaba flexibilizar aspectos del régimen vigente y avanzar sobre restricciones a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establece límites a la extranjerización de superficies rurales y fija un tope máximo del 15 por ciento de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Su objetivo es evitar una concentración excesiva en zonas consideradas estratégicas para el país.

La administración de Milei ya había intentado avanzar en esa dirección a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, aunque distintas presentaciones judiciales frenaron parcialmente aquella ofensiva. El nuevo paquete legislativo volvía a plantear modificaciones que abrían interrogantes sobre el futuro de áreas sensibles vinculadas a recursos naturales, fronteras y territorios productivos.

El debate se desarrolla en un contexto donde distintos estudios señalan que una importante porción del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras. Investigaciones académicas y relevamientos territoriales indican que más de 13 millones de hectáreas pertenecen actualmente a firmas o propietarios extranjeros.

Las zonas con mayores niveles de extranjerización incluyen sectores fronterizos, regiones cordilleranas, áreas con acceso a recursos hídricos y territorios cercanos a corredores estratégicos como el río Paraná.

Desde organizaciones campesinas y de derechos humanos señalaron además que una flexibilización podría acelerar procesos de concentración de tierras y profundizar dificultades para pequeños productores y comunidades rurales.

Las críticas también llegaron desde el plano internacional. El relator especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, Koldo Casla, envió recientemente una comunicación formal al Estado argentino en la que manifestó preocupación por distintos aspectos del proyecto.

“Me preocupa que el proyecto de ley no logre un equilibrio justo entre la protección de la propiedad privada y el derecho a una vivienda adecuada”, expresó el funcionario.

Entre los principales puntos señalados, Casla advirtió sobre la posibilidad de acelerar procedimientos de desalojo sin contemplar soluciones habitacionales alternativas y cuestionó que el texto dejara de lado el concepto de función social de la propiedad.

La advertencia internacional sumó presión a un escenario político ya complejo para el oficialismo. En medio de negociaciones y tensiones legislativas, el retroceso parcial aparece como una señal de las dificultades que enfrenta el Gobierno para sostener algunas de sus iniciativas más controvertidas.

Mientras continúan las negociaciones en el Senado, el futuro de la reforma permanece abierto y el oficialismo busca reconstruir consensos para evitar una nueva derrota parlamentaria.