Los registros contables de Nucleoeléctrica Argentina quedaron en el centro de la polémica tras la difusión de un informe que detalla consumos realizados con tarjetas corporativas en distintos países, muchos de ellos sin relación directa con la actividad energética.

La documentación, presentada por Manuel Adorni ante el Congreso a partir de un pedido de la diputada Florencia Carignano, incluye un anexo de 58 páginas con movimientos correspondientes al período marzo de 2025 a febrero de 2026, durante la gestión del ex asesor Demian Reidel.

Entre los gastos relevados aparecen consumos en free shops —especialmente en el aeropuerto de Ezeiza—, compras de indumentaria en el exterior, salidas a bares europeos, peluquerías y servicios de playa en el Mediterráneo. Solo en tiendas libres de impuestos se registraron 35 operaciones por más de 4.400 dólares, a lo que se suman gastos en países como Alemania, Italia, Austria y Corea del Sur.

El informe también detalla pagos en hoteles internacionales, vuelos en aerolíneas como American Airlines y Air Europa, y alquileres temporarios. En Madrid, por ejemplo, se registraron gastos en alojamiento sobre la Gran Vía y consumos en locales gastronómicos y de ocio.

Uno de los puntos más llamativos se produjo en la ciudad de Valencia, donde la tarjeta estatal fue utilizada para pagar reiteradamente servicios de playa en un corto período, una actividad sin vinculación evidente con la operación de centrales nucleares.

Además, se detectaron extracciones de efectivo por más de 50 millones de pesos, con varias operaciones en moneda extranjera realizadas en una misma jornada.

Desde la empresa estatal señalaron que los movimientos corresponden a un total de 103 tarjetas corporativas activas y que todos los gastos se encuentran bajo auditoría. También explicaron que parte de los viajes a España estuvieron vinculados a capacitaciones técnicas por la compra de un simulador para la central Atucha I.

Según la versión oficial, las erogaciones se encuadran dentro de la normativa vigente sobre viáticos, que establece topes diarios para gastos en el exterior. Sin embargo, el caso abre interrogantes sobre los controles internos y el uso de fondos públicos en un contexto de fuerte ajuste económico.