La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario por “per saltum” presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal resolviera de manera directa sobre la validez de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Los jueces consideraron que no estaban dadas las condiciones legales necesarias para habilitar esa vía excepcional y declararon “inadmisible” el planteo realizado por el Ejecutivo.

“A juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia. Por ello, se declara inadmisible el recurso interpuesto”, señalaron los magistrados en la resolución.

El Gobierno había recurrido al per saltum luego de que un juez laboral de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de gran parte de la reforma laboral, suspendiendo más de 80 artículos cuestionados por la Confederación General del Trabajo.

Sin embargo, posteriormente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó esa cautelar y restituyó la plena vigencia de la ley de modernización laboral, lo que modificó el escenario judicial.

A pesar de que la Corte no accedió al pedido oficial, en la Casa Rosada interpretaron la decisión como un resultado favorable para el Ejecutivo.

“Lo que perjudicaba al Gobierno era que esté el per saltum seis meses en la Corte. Está diciendo no corresponde ahora porque la norma está vigente. Diez días tardó”, señalaron fuentes oficiales.

En el recurso presentado ante la Corte, el Gobierno había insistido en que se mantuviera “la plena vigencia” de la Ley Nº 27.802 y reclamaba que se revocara “la medida cautelar dictada por un juez incompetente”.

Además, desde el Ejecutivo argumentaban que la apelación concedida por la Cámara tenía “efecto devolutivo”, lo que implica que la aplicación de la norma no queda suspendida mientras continúa el proceso judicial.

La disputa por la reforma laboral continúa ahora en instancias inferiores, mientras sigue abierto el enfrentamiento entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo.

Tras la decisión de la Cámara del Trabajo que devolvió vigencia a la norma, la central obrera recusó a los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, quienes firmaron ese fallo.

Desde la CGT también cuestionaron especialmente la situación del juez Pesino, cuyo pliego fue impulsado nuevamente por el Gobierno pese a haber superado los 75 años.

“Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna, sino que molesta y mucho”, había afirmado semanas atrás el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

De este modo, aunque la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo de la reforma laboral, la discusión judicial y política sobre uno de los proyectos centrales del Gobierno nacional sigue abierta.