La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por los interrogantes surgidos en torno a su patrimonio y sus declaraciones juradas.

La sesión cayó luego de que solo 117 legisladores se sentaran en sus bancas, doce menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. La ausencia de diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales volvió a resultar determinante para que el oficialismo evitara una discusión considerada sensible para la Casa Rosada.

La situación volvió a exhibir el papel de los espacios aliados, que en las últimas semanas habían intentado marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei, pero que decidieron no acompañar la convocatoria impulsada por sectores opositores.

El acuerdo para impedir el quórum fue articulado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con los bloques que habitualmente colaboran con La Libertad Avanza en las votaciones más importantes. La estrategia consistió en no bajar al recinto y evitar que la oposición pudiera iniciar formalmente la sesión.

El principal beneficiado fue Adorni, quien permanece bajo cuestionamiento por las dudas planteadas alrededor de su evolución patrimonial. La interpelación buscaba que el funcionario brindara explicaciones ante la Cámara baja y respondiera las preguntas de los legisladores.

Además del PRO y la Unión Cívica Radical, no acompañaron el quórum el Movimiento de Integración y Desarrollo, Independencia de Tucumán, la mayor parte de Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo de San Juan y Primero San Luis.

La decisión de esos espacios volvió a reflejar el equilibrio político que intentan mantener frente al oficialismo. Aunque algunos de sus dirigentes cuestionan distintas medidas de la administración nacional, evitan respaldar iniciativas promovidas por Unión por la Patria y otros sectores opositores cuando consideran que podrían favorecer una confrontación directa con el Gobierno.

En los hechos, las ausencias permitieron que La Libertad Avanza evitara una derrota parlamentaria y consiguiera postergar el tratamiento del pedido de interpelación.

Como parte de las negociaciones previas a la sesión, el oficialismo aceptó convocar para la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará a discutirse la posibilidad de citar al jefe de Gabinete.

Sin embargo, continúa pendiente la convocatoria a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuya intervención sería necesaria para completar el recorrido parlamentario que plantea el Gobierno.

La maniobra le permitió al oficialismo extender los plazos y aplazar durante al menos dos semanas una definición sobre la comparecencia de Adorni ante la Cámara de Diputados.

Mientras el debate permanece trabado en la Cámara baja, la atención se trasladará ahora al Senado. El jefe de Gabinete deberá presentarse el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión y responder las consultas formuladas por los bloques opositores, entre ellas las relacionadas con su situación patrimonial.

La discusión también mantiene abierto un conflicto sobre la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional. Una parte de la oposición sostiene que esa disposición permite citar e interpelar al jefe de Gabinete sin que el pedido deba pasar previamente por las comisiones.

El oficialismo rechaza esa postura y afirma que cualquier iniciativa de esas características debe cumplir el procedimiento parlamentario habitual antes de ser tratada en el recinto.

Con la caída de la sesión, el Gobierno logró ganar tiempo y evitar que Adorni tuviera que brindar explicaciones inmediatas ante los diputados. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su patrimonio continúan abiertos y el comportamiento de los bloques aliados volvió a quedar en el centro de la discusión política.

El desenlace también reforzó las críticas contra el PRO y la Unión Cívica Radical, que procuran diferenciarse de la Casa Rosada en el discurso, pero vuelven a resultar decisivos cuando el oficialismo necesita impedir el avance de iniciativas opositoras.