La conflictividad laboral atraviesa un nuevo pico en la Argentina, con una serie de paros, movilizaciones y medidas de fuerza impulsadas por distintos gremios en rechazo a las políticas del presidente Javier Milei.

El escenario incluye reclamos de trabajadores bancarios, estatales, universitarios, del sector meteorológico y metalúrgico, que advierten sobre despidos, pérdida del poder adquisitivo y recortes en áreas clave del Estado.

En ese marco, la Confederación General del Trabajo anunció una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril bajo la consigna “Defender el empleo de calidad”. Además, la central obrera apeló la reforma laboral y recusó al juez Víctor Arturo Pesino, al cuestionar su fallo favorable al Gobierno en medio de su continuidad en el cargo.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado convocó a una marcha hacia el Ministerio de Desregulación para denunciar el deterioro salarial y el ajuste en el sector público. Desde el gremio sostienen que las políticas oficiales apuntan a “desmantelar el Estado” en un contexto de crisis.

Uno de los focos más sensibles se da en el Servicio Meteorológico Nacional, donde se anunció un paro de 24 horas ante el posible despido de unos 240 trabajadores. Según el sindicato, la medida podría afectar servicios esenciales como las alertas climáticas y la actividad aeronáutica.

En el sistema financiero, la Asociación Bancaria lleva adelante un paro en rechazo al cierre de dependencias del Banco Central de la República Argentina, lo que podría generar complicaciones en la distribución de efectivo en distintas regiones.

El conflicto también se extiende al ámbito educativo. Docentes y no docentes universitarios sostienen un plan de lucha con paros durante toda la semana, en reclamo de una recomposición salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que —según denuncian— el Gobierno no está aplicando.

En paralelo, el sector industrial enfrenta un escenario crítico. La empresa Electrolux dejará de fabricar heladeras en su planta de Santa Fe, lo que implicará una fuerte reducción de personal y profundiza la preocupación por el empleo en la industria.

Las protestas reflejan un clima de creciente tensión social y sindical, con múltiples sectores en conflicto y demandas que atraviesan desde la recomposición salarial hasta la defensa de puestos de trabajo y políticas públicas. En este contexto, el Gobierno enfrenta una semana marcada por la presión en las calles y el desafío de contener un escenario cada vez más complejo.