La Unión de Trabajadores de la Economía Popular anunció para este martes una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país, en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La medida surge tras la eliminación del salario social complementario, que impacta sobre unos 900 mil trabajadores de la economía popular.

Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, el espacio que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas busca visibilizar el impacto de la medida y dar lo que definieron como una “batalla cultural” frente al discurso oficial. “No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Desde la organización advierten que la decisión oficial “condena a la indigencia” a cerca de un millón de personas, en un contexto donde, según sus estimaciones, ya se expulsaron más de 300 mil trabajadores del empleo formal, lo que incrementa la presión sobre un sector que denuncian como desfinanciado y sin contención.

La protesta también apunta al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Desde la UTEP denuncian una maniobra para “robarle el salario” a los trabajadores mediante el desenganche del Salario Social Complementario del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que, aseguran, derivó en una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La jornada se presenta además como un desafío al protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, y se prevé que tenga fuerte impacto en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintas capitales provinciales.

En ese marco, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sostuvo que la medida oficial “atenta directamente contra los trabajadores más humildes, y que expresa la crueldad sin límites de este gobierno nacional. Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios de cercanías de las economías locales”.

Duarte también advirtió sobre el impacto en economías regionales, como en la provincia de Chaco, donde estimó que la quita del ingreso afectará a 45.000 trabajadores. “Son unos 3.510 mil millones que dejan de entrar y circular en la provincia. Es plata que los trabajadores dejarán de usar en los comercios locales y eso implicará una recesión local automática de 6 a 10% del consumo, esto se traducirá en la suba de la pobreza en esta provincia de 8 a 15 puntos”, describió.

En este escenario, las organizaciones anticipan una jornada de fuerte conflictividad, con presencia en puntos neurálgicos de circulación, en medio de un clima social cada vez más tenso por el impacto de las medidas económicas.