Profesionales, familiares y pacientes vinculados a instituciones que atienden a personas con discapacidad se movilizaron este miércoles en distintos puntos del país para exigirle al Gobierno nacional la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y rechazar un nuevo proyecto oficial que, según denuncian, busca reducir prestaciones y coberturas.

Una de las principales concentraciones se realizó frente al Ministerio de Salud, en el histórico edificio de Desarrollo Social, aunque también hubo protestas en ciudades como Mar del Plata y Córdoba. La convocatoria fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reúne a organizaciones de todo el país.

El reclamo central apunta a que el Ejecutivo cumpla con la legislación vigente, sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en distintas instancias judiciales. “El déficit cero es mentira, aprendan a administrar y dejen de robar. Cumplan con la ley”, expresaba uno de los carteles exhibidos durante la jornada.

Las organizaciones advierten que la falta de actualización en los pagos a prestadores y la demora en la transferencia de fondos del programa Incluir Salud podrían derivar en un cese generalizado de servicios. Según denunciaron, existen deudas desde octubre que complican el funcionamiento cotidiano de instituciones y profesionales.

En ese sentido, remarcaron que las demoras “impiden a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores”, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y la atención de miles de personas.

Mauro Stefanizzi, titular de la Asociación de Electrodependientes, sostuvo que “el sector está totalmente golpeado” y describió un escenario crítico en el que faltan insumos esenciales. “A las personas con internación domiciliaria, Incluir Salud no les está mandando pañales, medicamentos, sondas, leche, enfermerías ni insumos básicos. La situación es angustiante, no la podemos naturalizar”, afirmó.

Las familias también expusieron situaciones límite. Marcela Gómez, madre de un niño con respirador artificial, relató que no consigue personal de enfermería debido a los bajos honorarios. “Desde la semana pasada no encuentro una enfermera porque les pagan 3 mil pesos la hora. Es una pelea constante con la empresa que sostiene la internación”, explicó.

Durante la protesta, las consignas reflejaron el malestar del sector: “Basta de crueldad. Ni un derecho menos” y “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Desde el Gobierno argumentan que existen irregularidades en el sistema de otorgamiento de pensiones, aunque las organizaciones cuestionan esa postura y aseguran que no se presentaron pruebas concretas que justifiquen los recortes o demoras.

Además del cumplimiento de la ley vigente, los manifestantes reclaman la actualización urgente de aranceles, el fin del ajuste presupuestario y la garantía de cobertura integral con valores acordes a la realidad económica.

En paralelo, pidieron a legisladores de la oposición que rechacen el proyecto impulsado por el oficialismo y ratifiquen su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, en un contexto que describen como de “emergencia” y creciente vulnerabilidad.