Mientras el presidente Javier Milei desarrollaba actividades en el exterior, la conflictividad social comenzó a crecer en distintos puntos del país. Marchas de antorchas, protestas docentes, disturbios policiales, acampes gremiales y un deterioro del tejido productivo marcaron las últimas semanas en varias provincias, en un escenario que contrasta con el optimismo expresado por el Gobierno nacional en foros internacionales.

En provincias como Catamarca, Jujuy, San Juan y Santa Cruz se registraron movilizaciones protagonizadas principalmente por trabajadores estatales y docentes que reclaman mejoras salariales. En muchos casos, los reclamos apuntan a la pérdida del poder adquisitivo y a la dificultad de los gobiernos provinciales para responder con aumentos en medio de la caída de recursos.

En Catamarca, los docentes autoconvocados realizaron marchas con antorchas frente a la Casa de Gobierno provincial para exigir un salario básico de 1.300.000 pesos. La administración provincial propuso elevarlo a 850.000 pesos junto con un bono de 80.000 pesos por inicio de clases. La distancia entre ambas cifras reflejó la tensión que atraviesa la negociación salarial.

Según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación, Catamarca se ubica entre las jurisdicciones con los salarios docentes más bajos del país, solo por encima de Misiones y Mendoza. Mientras el gobernador Raúl Jalil participaba de actividades oficiales en el exterior junto a la comitiva presidencial, los docentes mantenían su protesta en la plaza central de la capital provincial.

La situación también escaló en Jujuy, donde un reclamo salarial dentro de la policía provincial derivó en disturbios frente a la Casa de Gobierno. La crisis culminó con la renuncia del secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro y con el inicio de investigaciones judiciales por la organización de los hechos.

El conflicto pronto se extendió hacia otros sectores del empleo público. Los docentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior reclamaron la restitución del bono docente y la reapertura de paritarias. La secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, resumió el reclamo con una frase que se repite en distintos distritos: “Con 800.000 pesos no puede vivir nadie”.

En San Juan, una multitudinaria marcha con antorchas logró que el gobierno provincial aceptara abrir una mesa de negociación salarial que hasta ese momento se había negado a convocar. En Santa Cruz, en tanto, gremios estatales instalaron un acampe frente a la Legislatura para rechazar un proyecto de ley de emergencia económico-financiera que proponía suspender aumentos salariales automáticos hasta el 31 de diciembre de 2026. Finalmente, la iniciativa fue devuelta al Poder Ejecutivo.

Los distintos conflictos tienen un punto en común: los gobernadores deben enfrentar las consecuencias sociales de un contexto económico complejo mientras sus administraciones reciben menos recursos.

La caída de los ingresos también se refleja en los datos fiscales. La recaudación tributaria nacional registró en febrero de 2026 una baja del 9,5 por ciento en términos reales y marcó el séptimo mes consecutivo de caída. Como consecuencia, las provincias recibieron aproximadamente 500.000 millones de pesos menos en concepto de coparticipación respecto del mes anterior.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, advirtió que su provincia perdió cerca de 15.000 millones de pesos en recursos coparticipables durante febrero. Según explicó, esos fondos podrían haberse destinado al equipamiento hospitalario o al fortalecimiento de la seguridad provincial.

En Córdoba, los ingresos reales provinciales cayeron un 7,9 por ciento, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el descenso de las transferencias nacionales alcanzó el 8,6 por ciento.

El deterioro económico también afecta al sector productivo. Un relevamiento de la consultora Equilibra basado en datos oficiales indicó que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 solo una provincia aumentó la cantidad de empresas privadas: Neuquén, con un crecimiento del 1,8 por ciento impulsado principalmente por la actividad energética vinculada a Vaca Muerta.

El resto del país mostró retrocesos. Misiones encabezó la lista de jurisdicciones más afectadas con una caída del 10,3 por ciento en la cantidad de empresas. Le siguieron La Rioja con una baja del 9,6 por ciento y Chaco con un descenso del 9,2 por ciento.

La situación del empleo formal también refleja un panorama complejo. Formosa registró una contracción del 18,5 por ciento en el empleo privado formal, mientras que Santa Cruz y La Rioja también presentaron caídas significativas.

En la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, se perdieron 5.832 empresas registradas y 79.090 puestos de trabajo formales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos indicó además que durante 2024 y 2025 la industria bonaerense operó por debajo del 60 por ciento de su capacidad instalada. Sectores como la metalurgia, la industria del calzado, las curtiembres y las actividades vinculadas a la construcción registraron caídas de entre el 20 y el 25 por ciento.

En los municipios del conurbano bonaerense también se observa el impacto social de la crisis. En Florencio Varela, la demanda de asistencia alimentaria aumentó un 82 por ciento respecto del año anterior. En Esteban Echeverría, el área de Desarrollo Social debió abrir sus puertas desde las cinco de la mañana para atender las filas de vecinos que buscan ayuda.

El conflicto salarial docente atraviesa gran parte del territorio nacional. Durante el inicio del ciclo lectivo se registraron paros, protestas y movilizaciones en 19 de las 24 jurisdicciones del país.

La situación se repite con matices en cada provincia: docentes que reclaman salarios suficientes para cubrir el costo de vida, gobiernos provinciales que argumentan limitaciones presupuestarias y negociaciones que se reabren cuando las protestas alcanzan mayor intensidad.

El escenario general refleja una creciente tensión entre las políticas económicas nacionales y la realidad que enfrentan las provincias, donde los gobiernos locales deben administrar conflictos sociales cada vez más visibles en sus calles.