La conducción de la CGT decidió convocar a un paro general sin movilización para la jornada en que la Cámara de Diputados debata la media sanción de la reforma laboral. La definición se adoptó este lunes al mediodía, durante una reunión virtual de la cúpula sindical, en un contexto de creciente presión interna por parte de gremios que reclaman una postura más firme frente al Gobierno de Javier Milei.

Según confirmaron fuentes sindicales, la medida de fuerza será por 24 horas y, al menos por ahora, no incluirá una movilización callejera. La protesta coincidiría con el tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara baja, previsto para el jueves 19 de febrero.

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Del encuentro participaron Octavio Argüello, del sindicato de Camioneros; Jorge Sola, del gremio del Seguro; y Cristian Jerónimo, representante de los empleados del vidrio. Horas antes, Jerónimo había señalado que estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para avanzar hacia una huelga nacional.

Entre los puntos del proyecto que generan mayor rechazo en el sindicalismo se encuentran los cambios en el esquema de indemnizaciones, las modificaciones en la jornada laboral, las restricciones al derecho de huelga, las vacaciones y el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

El impacto del paro podría ser significativo. La Unión Tranviarios Automotor confirmó su adhesión a la medida, lo que garantiza la paralización del transporte público de pasajeros en gran parte del país. La definición representa un respaldo clave para la central obrera, ya que en la última huelga general, realizada el 10 de abril, la UTA no se había sumado al encontrarse bajo conciliación obligatoria.

Para asegurar ese acompañamiento, uno de los referentes de la CGT mantuvo contactos previos con la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, quien no integra actualmente la conducción cegetista. Desde el sindicato de choferes afirmaron que, como gremio confederado, acompañarán la decisión que adopte la central.

La convocatoria se produce luego de que el oficialismo avanzara con la aprobación del proyecto en el Senado. Si bien la CGT logró preservar las cuotas solidarias y mantener sin cambios las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, el clima interno se tensó ante el avance de una reforma que el sindicalismo considera regresiva en materia de derechos laborales.

Con el paro ya definido, la central obrera busca exhibir capacidad de respuesta frente al debate parlamentario y enviar una señal política al Gobierno en uno de los ejes centrales de su programa económico.