Pese al discurso oficial que intenta limitar el alcance de la reforma laboral a los futuros contratos, el texto enviado al Congreso y el análisis de especialistas coinciden en un punto central: el ajuste recaerá sobre el conjunto de los trabajadores, incluidos quienes hoy tienen un empleo formal. La supuesta “no retroactividad” no está garantizada en la letra de la ley y aparece más como una consigna política que como una protección jurídica efectiva.

El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo había anticipado sin rodeos en diciembre pasado al admitir que la reforma impactaría sobre todos los trabajadores. Desde entonces, el Gobierno buscó instalar que los cambios solo regirían para nuevas relaciones laborales, pero el articulado no explicita esa limitación ni preserva de manera expresa los derechos adquiridos de los contratos vigentes.

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En términos concretos, el proyecto habilita que despidos futuros, indemnizaciones, modificaciones de jornadas y modalidades de trabajo se rijan por la nueva normativa, sin importar cuándo se inició la relación laboral. Esto implica que, ante un eventual despido, las condiciones aplicables serán las de la nueva ley, incluso para trabajadores con años de antigüedad.

Especialistas en derecho laboral advierten que esta omisión no es casual. “El proyecto no dice que las nuevas reglas se apliquen solo a relaciones laborales iniciadas después de su vigencia. Podría decirlo, pero no lo hace, y eso significa que se aplicará también a vínculos existentes”, explicó Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas.

Uno de los cambios más sensibles es la modificación del sistema de indemnizaciones. El esquema actual por antigüedad sería reemplazado por un Fondo de Cese Laboral financiado con aportes que hoy se destinan al sistema jubilatorio. En la práctica, si un trabajador es despedido bajo la vigencia de la nueva ley, la indemnización se calculará con las nuevas reglas, sin importar si fue contratado antes. Además, quedarían excluidos del cálculo conceptos como aguinaldo y bonos.

Desde el punto de vista legal, este tipo de aplicación es consistente con antecedentes previos. “La reforma de accidentes de trabajo de 2017 se aplica hoy a trabajadores que ingresaron antes de esa fecha”, recordó Cremonte, al subrayar que la misma lógica se utilizaría en este caso.

A esto se suma el impacto fiscal y distributivo del nuevo esquema. El proyecto prevé que el financiamiento de las indemnizaciones se cubra con recursos que dejarán de ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino, trasladando parte del costo de los despidos del sector privado al Estado. De ese modo, se reduce el costo efectivo de despedir y se genera un incentivo al ajuste vía empleo, incluso en empresas de gran tamaño.

Otro punto crítico es la flexibilización de la jornada laboral mediante la habilitación del denominado “banco de horas”, que permitiría compensar horas extras con tiempo libre en lugar de pagar recargos salariales. La norma prevé que este esquema pueda implementarse incluso por acuerdo individual, lo que, según especialistas, profundiza la asimetría entre empleador y trabajador y deja a este último con escaso margen real de negociación.

Además, el proyecto elimina la exigencia de un descanso mínimo de doce horas entre jornadas y promueve que los convenios de empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad, aun cuando resulten menos favorables para los trabajadores. Este cambio apunta a debilitar la negociación colectiva y fragmentar la capacidad de los sindicatos para defender condiciones comunes.

Desde el plano económico, analistas advierten que la reforma consolida un modelo de salarios bajos y mayor inestabilidad laboral. Al abaratar despidos y flexibilizar condiciones, se refuerza un esquema procíclico en el que, ante una recesión, las empresas tenderán a despedir más rápido, profundizando la caída del consumo y dificultando la recuperación.

En ese marco, la discusión trasciende lo técnico y se inscribe en una disputa de fondo sobre la distribución del ingreso. Bajo el rótulo de “modernización”, la reforma redefine quién absorbe los costos del ajuste: menos obligaciones para el capital, mayor precariedad para el trabajo y un Estado que asume parte del financiamiento de los despidos.

Lejos de limitarse a nuevos contratos, la reforma laboral avanza sobre el entramado completo de las relaciones de trabajo. No habrá, en los hechos, trabajadores “viejos” y “nuevos” protegidos de manera distinta, sino un universo de asalariados expuesto a menores derechos, mayor incertidumbre y salarios cada vez más alejados de las necesidades básicas.