El inicio del año legislativo 2026 quedó atravesado por una fuerte disputa política en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei, que reforma la ley de Inteligencia y reavivó los reclamos de la oposición para convocar al Congreso, actualmente en receso hasta marzo.

Desde el oficialismo de La Libertad Avanza sostienen que la actividad parlamentaria se retomará recién en febrero, mediante un llamado a sesiones extraordinarias acotadas. La prioridad del Gobierno es avanzar con la reforma laboral y con los cambios a la ley de Glaciares, dejando fuera de la agenda cualquier intento de discutir el DNU de Inteligencia.

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En la Cámara de Diputados, el peronismo reclamó la convocatoria inmediata a sesiones extraordinarias para rechazar el decreto que, según denuncian, empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado y limita los mecanismos de control. Además, exigieron la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, un pedido que también fue acompañado por otros bloques opositores.

Desde La Libertad Avanza rechazaron esa posibilidad y señalaron que no puede haber sesiones sin la apertura formal del período ordinario. En el Senado, fuentes oficialistas recordaron que primero debe realizarse la sesión preparatoria, prevista para el 23 de febrero, y que allí se resolverá la integración de las comisiones, en medio de la controversia por la proporcionalidad de los espacios.

Con la publicación del DNU, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de diez días para tratarlo. Luego, cualquiera de las dos cámaras puede llevarlo al recinto. En la oposición reconocen que existen conversaciones para intentar rechazar el decreto, al remarcar que alcanza con una mayoría simple para dejarlo sin efecto.

Mientras tanto, el oficialismo apunta al 2 de febrero como fecha tentativa para iniciar las sesiones extraordinarias. En el Senado permanece pendiente el proyecto de reforma laboral, que había sido postergado por falta de apoyos, y el de modificaciones a la ley de Glaciares, que cuenta con mayor consenso, especialmente entre legisladores de provincias mineras.

La Cámara de Diputados aguarda que ambos proyectos lleguen desde el Senado, aunque también se menciona la posible incorporación de una iniciativa de reforma del Código Penal. Todo ello en un escenario de negociaciones cruzadas y tensión política creciente.

El debate interno quedó parcialmente desplazado en la agenda pública por el impacto internacional del ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En ese marco, el bloque de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de declaración en respaldo a la acción estadounidense.

En contraposición, los bloques peronistas de Diputados y del Senado difundieron un comunicado conjunto en el que repudiaron el ataque y reclamaron una política exterior basada en la paz, el multilateralismo, el principio de no intervención y la defensa de la soberanía de los Estados de la región.