El debate por la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional comenzó este miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en una jornada marcada por las primeras exposiciones técnicas y por las dudas sobre la viabilidad política del proyecto. El punto más controvertido de la iniciativa es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una propuesta que, por el momento, no contaría con los apoyos suficientes para convertirse en ley.

La apertura de la discusión estuvo a cargo de María Luz Alegría Landívar, quien hasta hace pocos días se desempeñó al frente de la Dirección Nacional Electoral y actualmente cumple funciones como asesora del Ministerio del Interior. La funcionaria fue la encargada de defender los principales lineamientos de la reforma diseñada por el Ejecutivo nacional, aunque durante su exposición recibió cuestionamientos de sectores opositores, especialmente desde el peronismo.

Durante su presentación, Alegría Landívar insistió con uno de los argumentos centrales del oficialismo: la escasa utilización de las PASO para resolver internas partidarias. Según explicó, en las elecciones de 2023 solamente dos fuerzas políticas presentaron más de una lista en competencia. Además, remarcó el costo económico que representa la organización de esos comicios y aseguró que entre el 30 y el 40 por ciento del gasto total de una elección corresponde a las primarias.

Sin embargo, el escenario legislativo aparece complejo para el Gobierno. Diversos sectores opositores consideran que las PASO continúan siendo una herramienta clave para ordenar candidaturas, construir alianzas y resolver liderazgos internos. En ese contexto, dirigentes de espacios dialoguistas comenzaron a marcar diferencias respecto del proyecto enviado por la Casa Rosada.

Uno de los principales reclamos de aliados habituales del oficialismo, como dirigentes del Pro y sectores de la Unión Cívica Radical, apunta a separar del proyecto el capítulo de Ficha Limpia. Esa iniciativa, que establece restricciones para que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan presentarse como candidatas, reúne mayor consenso parlamentario.

No obstante, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la decisión de avanzar con el tratamiento integral del texto sin fragmentar la discusión. La postura sorprendió incluso dentro de sectores cercanos al Gobierno, ya que previamente se había explorado la posibilidad de avanzar por partes para facilitar acuerdos.

Desde el interbloque peronista también surgieron propuestas alternativas. Uno de los dirigentes que tomó la palabra fue el exgobernador chaqueño y senador Jorge Capitanich, quien explicó que presentó varios proyectos vinculados a la cuestión electoral. Entre ellos figura una modificación del sistema de primarias para convertirlas en PAS: es decir, mantenerlas únicamente para aquellos partidos o alianzas que tengan competencia interna.

La propuesta es observada dentro del oficialismo como una eventual alternativa si fracasa el intento de eliminar completamente las PASO. Bajo ese esquema, los espacios con listas únicas evitarían pasar por una elección primaria obligatoria, reduciendo costos y simplificando el calendario electoral.

La urgencia del Gobierno tiene además un componente temporal. La intención es conseguir una media sanción antes del receso invernal para permitir que la Justicia Electoral pueda adaptar el cronograma a las reglas que finalmente resulten aprobadas. En el Congreso, sin embargo, muchos ya consideran que el escenario más probable es que las PASO continúen vigentes, aunque podrían sufrir modificaciones parciales.

En medio de una caída en los niveles de apoyo político y con una oposición que comienza a mirar hacia las elecciones futuras, la discusión recién empieza y anticipa una negociación que podría extenderse mucho más de lo previsto.