Tras un fin de semana marcado por la intercepción de buques petroleros en aguas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que su administración se apropiará del petróleo venezolano incautado durante los operativos navales. La declaración, realizada desde su residencia de Mar-a-Lago, refuerza las denuncias del gobierno de Venezuela, que calificó estas acciones como actos de piratería.

Al referirse a los procedimientos contra la denominada “flota fantasma” que transporta crudo de PDVSA, Trump fue explícito sobre el destino de los recursos retenidos. “Nos lo vamos a quedar, los barcos también… petróleo incautado. Quizás lo vendamos, quizás vayan a nuestras reservas”, afirmó, dejando en claro que la política no se limita a sanciones diplomáticas o comerciales, sino que apunta a la apropiación directa de activos estratégicos.

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Las declaraciones del mandatario estadounidense revelan que el bloqueo naval excede los argumentos oficiales vinculados a la restauración democrática o la lucha contra el narcotráfico, y se orienta a capitalizar económicamente el control militar sobre el Caribe. La afirmación generó fuertes repercusiones en la región y reavivó el debate sobre la legalidad de las operaciones en aguas internacionales.

En el mismo acto, Trump anunció la creación de la denominada “flota dorada” y ordenó la construcción inmediata de dos nuevos buques de guerra, que darán inicio a la futura “clase Trump”. Según adelantó, estas naves serán “100 veces más poderosas” que las actuales y el proyecto podría ampliarse hasta alcanzar un total de 25 barcos en los próximos años.

El anuncio incluyó críticas al complejo militar-industrial estadounidense, al que acusó de no cumplir con los estándares esperados, y exigió rapidez en la construcción naval. Aunque la justificación oficial apunta a la competencia geopolítica con China y a la reactivación de los astilleros nacionales, el mensaje tuvo un impacto inmediato en América Latina.

La decisión se produce pocos días después de que la Casa Blanca instruyera la confiscación de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El objetivo declarado es asfixiar a PDVSA, principal fuente de ingresos del país caribeño, mediante un cerco naval que ya permitió la detención de al menos dos buques desde el 10 de diciembre.

Con la confirmación de que Estados Unidos se quedará con los barcos y su carga, la política de presión sobre Venezuela suma una nueva dimensión, transformando el bloqueo en una operación con beneficios económicos directos para la potencia norteamericana.