La Legislatura de Mendoza aprobó la ley que habilita la explotación de cobre mediante el Proyecto Minero San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La decisión llegó en medio de una histórica movilización social que recorrió más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital provincial, acompañada por columnas de distintas zonas como el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. Pese a la magnitud de la protesta, el oficialismo logró sancionar la iniciativa con 29 votos a favor, una abstención y solo seis rechazos.

Daniel Funes, referente de la Asamblea por el Agua Pura, expresó su profunda decepción tras la votación y definió la situación como un síntoma de “democracias enfermas”. Para él, el desenlace muestra un desfasaje entre la voluntad popular y la representación legislativa. Desde el Gobierno provincial, la ministra de Energía, Jimena Latorre, sostuvo que la ley “no es un cheque en blanco” y que la explotación deberá cumplir estrictos requisitos ambientales, aunque el proyecto implica un altísimo consumo de agua en una provincia históricamente árida.

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El eje de la protesta fue la defensa del agua. Diversas organizaciones ambientales denunciaron que el proyecto amenaza la pureza de los recursos hídricos y que el Estudio de Impacto Ambiental presentado es insuficiente y contiene irregularidades. Según Funes, las objeciones técnicas provinieron de organismos como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo e instituciones religiosas, pero aun así el Senado avanzó con la aprobación pese a admitir que “no están todos los elementos necesarios para una evaluación completa”.

Vecinos y ambientalistas recordaron que Mendoza carga con pasivos ambientales graves vinculados a antiguos emprendimientos metalíferos. Mencionaron como antecedente la mina Sierra Pintada, cuyo cierre dejó daños irreversibles y cuya reapertura fue prohibida por la Corte Suprema. Funes advirtió que un solo proyecto como San Jorge podría poner en riesgo el agua de más de 1.400.000 personas.

La protesta también estuvo atravesada por el recuerdo de episodios de represión en manifestaciones previas contra la megaminería. En octubre, la policía provincial detuvo a dos manifestantes durante 50 horas sin explicar los motivos, y registros audiovisuales mostraron un trato violento hacia personas que se movilizaban pacíficamente.

Desde el oficialismo se promociona la iniciativa como una oportunidad económica y se resaltan promesas de generación de empleo. Sin embargo, las organizaciones sociales y los referentes ambientales denuncian que las cifras están infladas. Según los estudios oficiales, el proyecto generaría alrededor de 1200 empleos durante la etapa de construcción y cerca de 500 en adelante, lejos de los 5000 puestos anunciados por la empresa.

La aprobación de la explotación metalífera se produce además en sintonía con la agenda del Gobierno nacional, que incluyó en las sesiones extraordinarias la posible modificación de la Ley de Glaciares, un reclamo impulsado por Cornejo. Para los ambientalistas, este escenario confirma un retroceso en la protección de los bienes naturales esenciales.

Mientras la provincia celebra algunos sectores del desarrollo económico y otros lamentan un nuevo capítulo de conflicto ambiental, la tensión sigue creciendo alrededor de un recurso cada vez más disputado: el agua.