La Justicia federal volvió a avanzar sobre Cristina Fernández de Kirchner con una resolución que endurece como nunca antes su régimen de prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la expresidenta solo podrá recibir visitas dos veces por semana, con un máximo de tres personas y durante apenas dos horas. La medida no tiene antecedentes en otros casos similares y no existe normativa que contemple restricciones de este tipo para detenidos bajo el mismo régimen.

El argumento del tribunal fue que Cristina habría violado las condiciones al reunirse con nueve jóvenes economistas, pese a que todos tenían autorización previa otorgada por el juez Jorge Gorini. El TOF 2 sostuvo que no se informó que la visita sería colectiva, lo que a su criterio convierte el encuentro en un acto no autorizado. La defensa de CFK rechaza la acusación y recuerda que ninguna otra persona con domiciliaria debe pedir permisos por cada visitante ni cumplir límites en cantidad o frecuencia.

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Cristina respondió en redes sociales y aseguró que la reacción judicial fue consecuencia del contenido de la reunión. Explicó que los economistas habían acercado propuestas para un modelo de desarrollo productivo y federal, algo que —según ella— irritó al “bestiario mediático”, a los sectores económicos concentrados y al gobierno de Javier Milei. También compartió datos sobre el deterioro económico reciente, señalando que entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 cerraron más de 19.000 empresas y se perdieron más de 276.000 empleos.

El endurecimiento de las condiciones coincide con otros movimientos judiciales en su contra. La Cámara de Casación intervino sin pedido previo en el juicio por los cuadernos, presionando para acelerar audiencias, eliminar la feria judicial y desplegar un ritmo que no estaba previsto ni pactado por las partes. Desde el kirchnerismo sostienen que se trata de una maniobra para forzar una nueva condena a corto plazo, acompañada por una fuerte campaña mediática.

El clima político también se tensó luego de que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, declarara ante el Senado de su país que uno de sus objetivos en Argentina es garantizar que Cristina Kirchner “reciba la justicia que se merece”. Para sectores del peronismo, estas declaraciones constituyen una señal de injerencia externa que coincide con el endurecimiento de la estrategia judicial interna.

Cristina cuestionó la coordinación entre jueces y medios, y sugirió irónicamente que “Clarín y La Nación deberían firmar directamente las sentencias” para ahorrar los costos del Poder Judicial. Desde su entorno sostienen que las restricciones buscan aislarla políticamente y limitar su capacidad de articular reuniones y posicionamientos públicos.

La ofensiva judicial no muestra señales de afloje y, para el kirchnerismo, forma parte de un intento de disciplinamiento político en sintonía con los intereses del macrismo, el gobierno de Milei y actores internacionales. El nuevo cerco sobre CFK profundiza la disputa sobre la independencia del Poder Judicial y vuelve a colocar a Comodoro Py en el centro de la escena política nacional.