El Juzgado Federal N°2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablecer la totalidad de las pensiones no contributivas suspendidas en todo el país y devolver los haberes retenidos. La resolución, firmada por el juez Guillermo Díaz Martínez, le da al organismo un plazo de 24 horas para cumplir con la medida y le prohíbe realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.

El fallo, de alcance colectivo, fue impulsado por la Defensoría del Pueblo de Catamarca junto a organizaciones como la Asociación Azul, la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

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Según el CELS, la sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera “homogénea” a miles de titulares de pensiones por invalidez laboral, y que las vulneraciones comparten una misma causa. Por eso, la medida judicial extiende la protección a todos los afectados, sin necesidad de reclamos individuales. “El restablecimiento inmediato de las pensiones devuelve a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad”, afirmó el organismo.

La decisión judicial se conoció mientras en Buenos Aires, familiares de personas con discapacidad y prestadores de servicios terapéuticos protestaban en la sede central de la Andis, en el barrio de Belgrano. Exigían el cumplimiento del aumento de aranceles prometido en julio y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La movilización, que comenzó en la puerta del edificio, derivó en tensión cuando el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches, se negó a recibir el petitorio de las organizaciones. Ante la falta de respuesta, los manifestantes ingresaron por la fuerza a las oficinas.

“Hoy ya es tarde, las terapias que se perdieron este año son irreparables”, dijo la actriz Valentina Bassi, madre de un niño autista. “Necesitamos que nos escuchen, que nos expliquen por qué nuestros hijos no tienen sus terapias completas”, reclamó una madre entre lágrimas, al denunciar el abandono del Estado.

Los manifestantes denunciaron la falta de pago a prestadores, la demora en los aumentos y las bajas injustificadas de pensiones. Martín Félix, uno de los voceros del grupo, explicó que “el aumento fue anunciado en julio, pero nunca se aplicó, mientras el costo de vida sigue subiendo”. Según detalló, los centros que brindan atención a personas con discapacidad “necesitan al menos un 70% de actualización” para sostener las terapias y evitar cierres.

Finalmente, tras la presión y los reclamos, el interventor accedió a recibir a dos representantes y aceptar el petitorio, aunque sin compromisos concretos.

En paralelo, el Gobierno nacional suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, alegando que el Congreso debe asignar los fondos necesarios para su ejecución. Para los manifestantes, esta decisión es “inconstitucional” y agrava la crisis del sector. “En discapacidad, el tiempo es vital. Las terapias que los chicos perdieron este año no se recuperan. Jugar con eso es cruel”, advirtió Bassi.

El conflicto, que combina una puja judicial, política y social, mantiene en vilo a miles de familias que dependen de las pensiones y las terapias suspendidas. Mientras tanto, la Justicia marcó un precedente que podría frenar el ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables del país.