El presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de privatización del sector energético. A través de la Resolución 1569/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó modificaciones en el pliego del concurso internacional para la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el Estado: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La medida permite avanzar hacia la transferencia completa de las acciones de estos complejos estratégicos, ubicados en las provincias de Neuquén y Río Negro, que en conjunto aportan cerca del 20% de la generación hidroeléctrica nacional.

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Según la nueva disposición, los adjudicatarios asumirán la explotación de las represas por 30 años, con posibilidad de prórroga, bajo el compromiso de pagar un canon anual al Estado y cumplir exigencias de seguridad ambiental. El Gobierno prevé concluir el proceso de adjudicación antes de fin de año, para que las nuevas concesiones entren en vigencia en el primer trimestre de 2026.

Estas modificaciones se enmarcan en la secuencia de medidas iniciadas en 2024, cuando la Secretaría de Energía dispuso que Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) crearan cuatro sociedades anónimas para administrar de forma transitoria las centrales del Comahue, tras el vencimiento de las concesiones privadas otorgadas en los años noventa.

Posteriormente, el Decreto 286/2025 habilitó la privatización total de Enarsa, y en agosto, el Decreto 590/2025 transfirió las acciones de las nuevas sociedades a la Secretaría de Energía para su venta mediante un concurso público sin precio mínimo.

Tensiones políticas y críticas al proceso

El avance del Gobierno generó resistencia en los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, que reclaman mayor participación en la definición del futuro de las represas. El gobernador neuquino Rolando Figueroa señaló que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal”, mientras que desde Río Negro advirtieron que la reprivatización “afecta intereses provinciales y ambientales”.

También hubo cuestionamientos por parte de exfuncionarios y especialistas. El exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, advirtió que los pliegos “dolarizan los ingresos de las empresas” y los ajustan por “inflación estadounidense”, lo que podría derivar en litigios internacionales si Argentina no puede cumplir esas condiciones.

El proceso utiliza la Ley 23.696 de Reforma del Estado, sancionada durante el menemismo, la misma norma que permitió las privatizaciones masivas de los años noventa. Bajo esa legislación, el Ejecutivo puede vender o concesionar activos públicos con el argumento de mejorar su eficiencia.

La privatización de las represas del Comahue tiene implicancias estructurales. Además de generar energía, estos complejos controlan los principales embalses del país y regulan el caudal de los ríos Limay y Neuquén, vitales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.

Aunque el Gobierno afirma que las concesiones incluirán cláusulas ambientales y de seguridad, aún no se difundieron los estudios técnicos que respalden esas garantías.

Con esta medida, Milei profundiza su política de desmantelamiento de las empresas públicas y reducción del rol estatal en el sector energético, mientras crecen las advertencias sobre el impacto que podría tener en la soberanía energética y en el control de los recursos hídricos nacionales.