Javier Milei se niega a eliminar un tuit publicado el 1 de junio contra Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que impulsa campañas de concientización. En su escrito judicial, el mandatario aseguró que lo hizo como “ciudadano” y no como Presidente, que ejerció su libertad de expresión y que, al ser Ian un “activista”, debe tolerar sus críticas.

El planteo fue cuestionado por especialistas, que advierten que el caso también podría impactar en la causa por la criptoestafa $LIBRA, donde se analiza si Milei utiliza su cuenta de X en carácter de jefe de Estado. El abogado Andrés Gil Domínguez, representante de Ian, señaló que el Presidente “desconoce el carácter de niño vulnerable” y que su argumento contradice la doctrina de la libertad de expresión, concebida para proteger a la ciudadanía frente al poder estatal.

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La Procuración del Tesoro también intervino, insistiendo en que la cuenta de X de Milei no es oficial y que el caso no involucra un acto del Estado. Sin embargo, tanto el juez Alberto Recondo como el fiscal Oscar Gutiérrez Eguía ratificaron la competencia federal, subrayando que el mandatario está verificado en la red como jefe de Estado.

Juristas como Marisa Herrera y Sebastián Guidi remarcaron que los derechos de los niños prevalecen sobre la libertad de expresión de los adultos, y que la gravedad es mayor cuando las agresiones provienen del Presidente. Guidi además recordó que la Corte Suprema solo avala la baja de contenidos en casos que afectan a menores.

La publicación de Milei fue un retuit a la cuenta @hombregrisxd que acusaba a Ian y su madre de tener vínculos políticos, acompañado por un comentario propio contra el periodista Paulino Rodrigues. Tras ello, se multiplicaron los ataques en redes. Según la defensa de Ian, el post lo expone y estigmatiza.

El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno y el colectivo de personas con discapacidad, que incluyó declaraciones oficiales y resoluciones con lenguaje peyorativo. Para especialistas como Raúl Zaffaroni y Roberto Saba, las expresiones del Presidente exceden el marco ético e institucional, y pueden generar un efecto de silenciamiento sobre otros críticos.