Luego de sufrir una derrota clave en el Congreso, el presidente Javier Milei recurrió a la cadena nacional para lanzar una nueva etapa en su estrategia: judicializar la política económica. En un discurso de 23 minutos, anunció que enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal, con sanciones a legisladores y funcionarios que no cumplan la norma, y prohibir que el Tesoro financie el gasto primario mediante emisión monetaria.

Milei acusó al Congreso de querer “quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo” y afirmó que el Poder Legislativo impulsa “gastos sin explicar su fuente de financiamiento” que provocarían un “genocidio sobre las generaciones futuras”. Con frases ya repetidas, intentó enviar señales de tranquilidad a los mercados y ubicó su mensaje en un contexto de polarización extrema. “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”, lanzó, en clave electoral.

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La Casa Rosada reconoció esta semana que ya no controla el Congreso y que la correlación de fuerzas podría mantenerse hasta diciembre. Tras el llamado “miércoles negro” en Diputados, el temor a una reacción negativa del sector financiero se hizo sentir en los despachos oficiales. El Presidente eligió el viernes por la noche para hablarle a los mercados y a la sociedad, planteando un dilema para octubre: “la fuerza imparable que busca cambiar el rumbo económico” o “el objeto inamovible que es la adicción de la política al gasto público sin respaldo”.

En su mensaje, cargó contra diputados y senadores a quienes acusó de “sabotaje y obstrucción”. “Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que llevan a la quiebra nacional”, señaló. Luego insistió: “Tenemos que elegir entre hacer lo correcto con paciencia o tomar el atajo y volver a chocar. No hay terceras vías”. También advirtió: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Sin embargo, la oposición replicó que las leyes vetadas sí tenían financiamiento. El proyecto de aumento a jubilaciones y pensiones —que incluía un bono de $110.000 y mejoras a pensiones no contributivas— detallaba seis fuentes para cubrir el gasto, entre ellas la reasignación de fondos de la SIDE, la eliminación de exenciones impositivas a sectores de altos ingresos y la nacionalización de fondos de entes cooperadores. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo equivalía al 0,78 % del PBI y las fuentes sumaban el 0,72 %, casi la totalidad.

El CEPA destacó que el gasto representaría una fracción menor de otras erogaciones recientes, como las utilidades transferidas por el Banco Central al Tesoro o el superávit fiscal acumulado en los primeros cinco meses del año. En otros casos, como la moratoria previsional o la Ley de Emergencia en Discapacidad, el costo era mínimo en términos del PBI, y la oposición remarcó que el superávit alcanzaba para cubrirlos.

Pese a ello, el Gobierno priorizó el pago de deuda y la baja de impuestos para sectores concentrados. Cristina Fernández de Kirchner lo sintetizó así: “No hay plata para jubilados, discapacitados o universidades, pero sí para bajar retenciones al campo”. Entre los beneficios recientes figuran la eliminación del impuesto a los Bienes Personales, la reducción del impuesto PAIS y rebajas de retenciones al agro y la minería, medidas que, sumadas, significan una fuerte transferencia de recursos a los sectores más ricos.

En ese marco, el “no hay plata” presidencial aparece como un argumento selectivo: hay recursos cuando se trata de aliviar la carga de los grupos de mayor poder económico, pero no cuando se trata de sostener derechos básicos para la mayoría.