Con la tinta del veto todavía fresca, Javier Milei puso en marcha un operativo político para evitar que el Congreso revierta sus decisiones sobre la ley de emergencia en discapacidad y las mejoras para jubilados. La Casa Rosada sabe que no cuenta con un margen amplio como en otras votaciones, por lo que desplegó gestiones directas con gobernadores y diputados sueltos para asegurar al menos un tercio de los votos en la Cámara baja.

El objetivo del oficialismo es repetir la experiencia del año pasado, cuando logró bloquear una ley similar con el respaldo de 87 legisladores, a los que el Presidente bautizó como “héroes”. En ese momento, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para imponer su criterio y el veto se mantuvo firme.

Esta vez, el desafío es mayor. Si la oposición reúne 172 votos en Diputados, el veto caerá y el proyecto pasará al Senado. Si allí también obtiene dos tercios, el Poder Ejecutivo estará obligado a promulgar la ley, tal como establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.

Milei ya anticipó públicamente que, si ese escenario se concreta, judicializará la decisión. Lo había dicho en junio y volvió a ratificarlo en las últimas horas: su intención es presentar un amparo o recurso que frene la aplicación de las leyes, con la expectativa de que el caso recaiga por sorteo en un juez afín.

La apuesta judicial tiene un objetivo concreto: ganar tiempo. El oficialismo calcula que, mientras la causa recorra instancias y apelaciones, las normas quedarán en suspenso. Ese plazo serviría para llegar a las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza espera obtener una mayoría propia que le permita consolidar su agenda en el Congreso.

En la Casa Rosada creen que algunos gobernadores podrían facilitar votos a cambio de acuerdos políticos y beneficios puntuales, como autorizaciones para tomar deuda provincial o respaldo en disputas locales. El cierre de las negociaciones electorales en cada provincia será clave para tentar a los indecisos.

La oposición, por su parte, busca blindar su estrategia para garantizar la presencia de todos sus legisladores el día de la votación, ya que cualquier ausencia puede favorecer al oficialismo. El antecedente de 2024, cuando faltaron varios diputados opositores y el veto se sostuvo, está presente en la memoria de todos los bloques.

En este clima, el Congreso se encamina a un nuevo capítulo de tensión política, donde el resultado dependerá de un puñado de votos y de las alianzas que se tejan en los pasillos, más allá de los discursos públicos.