Con un carácter multisectorial y opositor, la marcha de San Cayetano sumó este año a los trabajadores informales de siempre y, como novedad, a un gran número de asalariados formales. La convocatoria por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo —que desde 2016 encabeza la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)— creció con la presencia de la CGT y las dos vertientes de la CTA, que movilizaron más que en ediciones anteriores.

Durante la jornada, los manifestantes acusaron al gobierno de Javier Milei de “insensible” y de “estar en guerra contra los trabajadores”, dejando a los sectores más vulnerables “a merced del narcotráfico”. La protesta fue también un mensaje político frente a las intenciones oficiales de impulsar reformas laborales y previsionales tras las elecciones.

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La movilización comenzó a las 8 de la mañana en el Santuario de San Cayetano, en Liniers, donde el arzobispo porteño Jorge García Cuerva llamó a “recapacitar” para dejar atrás “el odio y la descalificación” y avanzar hacia la reconciliación entre los argentinos.

En un mediodía frío, el padre “Toto” de Vedia ingresó a la Plaza de Mayo en un tractor junto a dirigentes de la UTEP. Detrás marcharon cocineras comunitarias, trabajadores de urbanización de barrios populares y una gran bandera con la consigna del día. También se sumaron organizaciones de personas con discapacidad, jubilados, docentes y personal del hospital Garrahan.

La CGT participó con una presencia importante, pero mantuvo un perfil bajo: no subió al escenario y difundió un comunicado con tono moderado, que incluyó críticas a la política económica pero también un llamado al diálogo. Rechazó el ajuste “basado en la destrucción del empleo” y defendió la negociación paritaria sin restricciones.

En contraste, el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos difundió un documento frontalmente opositor, al afirmar que el Ejecutivo “está en guerra con el pueblo trabajador”. Entre sus referentes figuran Juan Carlos Schmid, Juan Pablo Brey, Pablo Biró y Hugo “Cachorro” Godoy. “El país está paralizado” y “el gobierno hambrea al pueblo y reprime cuando protestamos”, denunciaron.

Las columnas sindicales fueron más numerosas que las de los movimientos sociales, que han visto reducida su capacidad de movilización por la represión, el desfinanciamiento de sus proyectos y la criminalización de dirigentes. Gremios del transporte, camioneros, la Uocra y la UPCN estuvieron entre los que más marcharon.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, advirtió: “Tenemos la obligación de frenar a este gobierno del FMI para evitar que más argentinos caigan en la miseria, y mantener la unidad para reconstruir el país”.

En la calle, trabajadores de la economía popular y asalariados formales coincidieron en que la pérdida de ingresos, derechos y condiciones de vida es el punto de unidad. Desde hogares que ya no cenan para ahorrar hasta docentes con tres turnos para compensar el recorte del Fondo de Incentivo, las historias marcaron el pulso de una protesta que buscó mostrar que, pese a las diferencias, hay un piso común de reclamos.