La tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores volvió a escalar este lunes, luego de que en una reunión celebrada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no se alcanzara un acuerdo sobre el reparto de recursos. En respuesta, los mandatarios firmaron un proyecto de ley para modificar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y proponen una coparticipación más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El texto, que será enviado al Congreso, establece que la recaudación del tributo se distribuya mayoritariamente a las provincias —un 58,36%—, mientras que la Nación retendría un 10,40%. El resto se destinaría a la seguridad social (28,69%) y al transporte público (2,55%). Además, busca disolver fondos fiduciarios y rediseñar el uso de los ATN según los criterios de coparticipación vigentes.

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“Se va a hablar con los presidentes de los distintos bloques de ambas cámaras para que empujen el proyecto y se va a solicitar una mesa de negociación con respecto a esto y al resto de los impuestos”, advirtió uno de los gobernadores presentes. En paralelo, destacaron que esta propuesta “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales” y fomentará “más federalismo” y equidad distributiva.

La presentación se dio en medio de crecientes críticas por parte del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a los gobernadores de no haber hecho “el esfuerzo necesario” y reclamó mayor compromiso fiscal. Mientras tanto, los mandatarios apuntan contra el ajuste de Javier Milei y denuncian arbitrariedades en el reparto de fondos.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), entre otros, junto a representantes de provincias como Chaco, La Rioja y Santa Cruz.

El proyecto será debatido en un contexto político tenso: este martes se celebrará la primera reunión formal del Consejo de Mayo en Casa Rosada, con el Gobierno buscando avanzar en una nueva reforma laboral. Sin embargo, incluso los gobernadores más dialoguistas comienzan a endurecer su postura frente a la “motosierra” de Nación.