El recorte de pensiones por discapacidad avanza en la Argentina bajo la forma de un operativo de auditorías que, lejos de ser un control administrativo, se convirtió en una barrera para la continuidad de la ayuda estatal. Citaciones con plazos vencidos, traslados de cientos de kilómetros y trámites inaccesibles para quienes tienen discapacidad intelectual o visual componen el escenario que se repite en todo el país. Según denuncian organizaciones, el objetivo del Gobierno es claro: reducir al menos 200 mil pensiones este año.

Carla tiene 40 años, vive en San Miguel de Tucumán y padece síndrome de Prader Willi, una enfermedad genética irreversible. Pese a su diagnóstico, recibió una carta documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) citándola a un nuevo examen médico. El problema es que el aviso llegó a un domicilio donde ya no reside y, al no poder cumplir con el trámite en término, su familia teme perder la pensión. "Ahora no sabemos si le van a quitar la pensión por invalidez", contó su madre Beatriz, quien advirtió que hay al menos 50 familias en igual situación en la ciudad.

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El operativo, impulsado por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo –exabogado de Javier Milei–, ya genera escenas de colapso en centros de salud y hospitales. La semana pasada, en la clínica Santa Clara de Morón, más de mil personas con discapacidad fueron citadas el mismo día. "Muchos se tuvieron que ir sin ser atendidos y no tienen otra fecha estimada para completar el examen", relató Nicolás Mazza, referente de la Asociación Civil Ideharcelas. En el lugar, hubo desmayos, gritos y situaciones de extrema tensión. "No fue un error puntual, ni un desorden casual, el Gobierno está apelando al desgaste y al cansancio de la gente para que abandone el beneficio. Todo lo que estamos viviendo se puede resumir en una palabra: destrato", denunció.

En distintas provincias se repiten escenas similares. En el departamento 9 de Julio, en Santa Fe, alrededor de 1.500 personas deben viajar hasta 400 kilómetros para ser auditadas en Rafaela. En Salta, hay pacientes que, como ilustró el ministro de Salud Federico Mangione, deben recorrer 900 kilómetros para cumplir con los requerimientos. En Formosa, la titular local de ANSES, Patricia Arias, reconoció que espera una "ola de bajas masivas", mientras que en Mar del Plata, numerosos beneficiarios denunciaron que no pudieron ser atendidos pese a cumplir con las citaciones.

El plan de recorte fue blanqueado en el proyecto de Presupuesto 2025 y ratificado por Spagnuolo, quien sostuvo que la auditoría busca detectar irregularidades en el otorgamiento de pensiones durante el gobierno anterior. Sin embargo, el proceso arrancó con una fake news: una radiografía falsa de la cadera de un perro que, según se comprobó, nunca fue utilizada para otorgar una pensión. Pese a ello, la ofensiva judicial contra exfuncionarios continúa.

La logística de las auditorías también está bajo la lupa. Para enviar las notificaciones, la ANDIS contrató a la empresa Andreani, que ganó una licitación por más de 13 mil millones de pesos, pero que no cuenta con cobertura en muchos barrios populares y zonas rurales, lo que deja a miles de beneficiarios sin notificación efectiva. Además, muchas cartas llegan a domicilios desactualizados, sin respuestas por parte de la agencia, y no son accesibles para personas con discapacidad intelectual o visual, lo que motivó la intervención de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que elaboró una guía para orientar a los afectados.

Los problemas se agravan en los hospitales de salud mental y los centros de día, donde los pacientes reciben citaciones sin apoyos adecuados. En instituciones como el Hospital Borda, en la ciudad de Buenos Aires, llegaron más de 50 cartas documento con plazos ya vencidos. "Vienen pacientes con el alta que directamente notaron que no les depositaron la pensión y no saben qué hacer, a quién preguntar", contó un médico del hospital. En otros casos, las notificaciones llegan para personas que ya no viven en los centros de salud, lo que profundiza la incertidumbre.

"En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, se les está mandando las notas sin ninguna mediación de apoyos o acompañamientos para que las personas comprendan qué es lo que se les está pidiendo, o para que puedan ser acompañadas a los turnos para el examen médico", señaló Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Solo en el sur del conurbano ya se registraron unos 400 casos.

El marco normativo que sostiene el operativo también generó polémica: mediante la restitución de un decreto de 1997 y la resolución 187/2025, se endurecieron los requisitos para acceder a las pensiones, incorporando un sistema de evaluación que incluye términos como "idiota" y "mogólico". Pese a haber pedido "perdón" públicamente, Spagnuolo mantuvo vigente la normativa sin modificaciones.

La situación fue denunciada en el Global Disability Summit 2025, en Berlín, donde organizaciones advirtieron en una carta a las autoridades que las auditorías en Argentina "pretenden reducir significativamente el número de pensiones", profundizando la exclusión de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.