Luego de convocar a una concurrida movilización que se extendió por el lapso de tres horas; los trabajadores y trabajadoras damnificados por las privatizaciones de las empresas del estado lograron acceder al Congreso Nacional y poder tener un encuentro con la Presidencia de la Cámara de Diputados. 

Solicitan el urgente tratamiento de todas las leyes de reparación histórica por la propiedad participada de las empresas privatizadas; la reparación laboral y jubilatoria.

Tras una gestión para el ingreso a la Cámara, fueron recibidos por el Dr. Gabriel Villegas quien desempeña funciones en la Presidencia de la Cámara de Diputados;  se comprometió a tomar el tema y colaborar en poder destrabar los proyectos de ley de Reparación Histórica que se encuentran presentados en el palacio legislativo. 

"La reunión nos pareció fructífera, si bien los trabajadores venimos manteniendo audiencias frecuentes con legisladores y legisladoras de ambas cámaras, poder tender este puente de diálogo con la presidencia de uno de los cuerpos legislativos le da un marco institucional de encuentro, necesario para lograr una solución a este reclamo que ya lleva tres décadas", expresaron los trabajadores y trabajadoras.

Un reducido grupo de trabajadores pudo acceder, como parte de una delegación en representación de cada colectivo de empresas privatizadas damnificadas, el encuentro transcurrió durante veinte minutos aproximadamente.
Al salir de la reunión se brindó un informe de lo ocurrido a quienes participaron de la convocatoria de las empresas de Correo; Segba (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires); Agua y Energía eléctrica; YPF y Gas del Estado luego los manifestantes desconcentraron de la zona del Congreso Nacional; "en algunos días volveremos a tomar contacto con Villegas y veremos cómo se avanza en la solución de esta problemática", afirmaron los trabajadores.

La ley de Reforma del estado estableció el PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA; por el cual los trabajadores y trabajadoras de las empresas afectadas al proceso de privatización serían beneficiarios de un porcentaje del capital accionario de las empresas privatizadas. 

Miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país fueron excluidos de este derecho que establecía la ley, y a pesar de tres décadas de continuos reclamos permanecen sin cobrar lo que les correspondía.