La disputa por la Ley de Tierras llegará nuevamente al Congreso luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se derogó la norma que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. La oposición comenzó a trabajar para convocar una sesión en Diputados y buscar el rechazo del decreto.

El planteo parlamentario tomó impulso después de que el máximo tribunal revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover la demanda y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, se reunió con integrantes del CECIM y anticipó que buscarán convocar a una sesión para discutir el DNU. “Es un fallo absolutamente escandaloso. No solo genera una situación de extrema vulnerabilidad en la soberanía territorial, sino también desconoce la voluntad del Senado, que ya se pronunció en contra de cualquier cambio en la Ley de Tierras. Por eso vamos a pedir la sesión”, expresó Martínez.

El antecedente parlamentario es relevante: el Senado rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca reunió los votos necesarios para hacer lo mismo. Si Diputados también lo rechazara, el decreto quedaría sin efecto en su totalidad. Otra alternativa que comenzó a analizarse es impulsar una norma específica para restablecer las restricciones de la Ley de Tierras.

En ese marco, la fecha que comenzó a tomar fuerza para la sesión es el 15 de octubre, jornada en la que también está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria. La intención de los sectores opositores es que ambas movilizaciones confluyan en una jornada de reclamos frente al Congreso y el Palacio de Tribunales.

En el Senado, además, legisladores de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para derogar específicamente el artículo 154 del DNU 70/23 y restablecer la vigencia de la Ley de Tierras. La norma sancionada en 2011 establecía, entre otras restricciones, que la titularidad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental.

La estrategia parlamentaria enfrenta, de todos modos, una negociación compleja. El oficialismo y sus aliados deberán definir su posición frente al intento de la oposición de llevar nuevamente el DNU al recinto, mientras los distintos bloques analizan alternativas legislativas para modificar o restablecer las restricciones sobre la propiedad rural extranjera.

La resolución de la Corte también abrió un debate sobre el alcance de futuras demandas contra normas de alcance general. El máximo tribunal sostuvo que, en el caso analizado, no estaba configurado un “caso o controversia” porque el CECIM no tenía legitimación para promover la acción. Esa definición fue central para revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata, aunque la Corte no resolvió el fondo de la constitucionalidad del artículo 154.

Mientras el debate se traslada al Congreso, organizaciones sociales, sindicales y políticas comenzaron a organizar movilizaciones en rechazo al fallo y en respaldo al restablecimiento de la Ley de Tierras. La primera de estas convocatorias tendrá lugar este viernes en Parque Lezama, donde distintos sectores anunciaron una asamblea para definir nuevas acciones.

La eventual sesión del 15 de octubre quedará así atravesada por dos reclamos diferentes pero coincidentes en el calendario: el rechazo opositor al DNU 70/23 y el reclamo de las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.