El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). El juez federal Martín Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Estado cumpla con la medida cautelar que dispone la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, bajo apercibimiento de aplicar multas.

En una resolución firmada este miércoles, el magistrado consideró que, si bien se acreditaron algunas acciones vinculadas con las convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago, no ocurrió lo mismo con la forma en que se calcularon los aumentos y actualizaciones salariales previstos por la norma.

“Si bien se han documentado los aspectos de cumplimiento temporáneo en las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas en el período contemplado haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”, señaló Cormick.

El juez también se refirió al cumplimiento de la ley en materia de becas estudiantiles. En ese punto, sostuvo que el propio Estado reconoció haber aplicado el tratamiento previsto por la norma solamente sobre una de las becas contempladas.

“En efecto, han manifestado que, bajo su interpretación y alcance en referencia a la ley, ‘... la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano, de la que se dio acabada cuenta de su evolución en línea con lo exigido por el artículo sexto de la norma en la presentación de esta parte de fecha 06.09.2026. De esta forma, ni las becas Progresar, ni las denominadas de enfermería corresponden al aludido programa, y tampoco las ‘otras’ tal como incorrectamente señala la ley en cuestión...’“, amplió el magistrado.

La nueva resolución se conoció después de que el pasado 22 de septiembre Cormick ya hubiera intimado al Estado nacional, también por cinco días, a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Frente a aquella decisión, el Gobierno presentó un pedido de revocatoria que fue rechazado este miércoles.

La medida cautelar que ordenó al Gobierno avanzar con los pagos y actualizaciones había sido dictada por Cormick el 23 de diciembre del año pasado. Posteriormente, fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio.

Mientras continúa la disputa judicial, el conflicto universitario también se trasladó nuevamente a las calles. Docentes y no docentes de las universidades públicas iniciaron este miércoles un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial del 33,4%.

La medida fue impulsada por CONADU y CONADU Histórica, y se suma a otras acciones promovidas por organizaciones del sector universitario, entre ellas la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), ADUBA, APUBA, Feduba y UTE.

En ese marco, para este jueves está previsto un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como acción de visibilidad, además de una radio abierta y distintas actividades participativas.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo ante la falta de implementación de la norma por parte del Poder Ejecutivo.

Las medidas de fuerza de esta semana se desarrollan además como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre.