María Belén Agudiez renunció a su cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, en medio de una investigación judicial que analiza presuntas irregularidades vinculadas con las compras y el funcionamiento de la Quinta de Olivos. La salida fue oficializada mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y rige desde el 20 de septiembre. El decreto no especifica los motivos de la renuncia.

La salida se produjo después de que la diputada Marcela Pagano presentara ampliaciones de una denuncia penal en las que planteó posibles irregularidades en la administración de la residencia presidencial. Entre las cuestiones incorporadas al expediente aparece la presunta utilización de alimentos, personal y recursos estatales para abastecer un emprendimiento privado de catering denominado "Pancitos Caseros", vinculado a familiares de Agudiez.

Según la presentación de Pagano, una de las operaciones bajo análisis es la adquisición de casi 30 toneladas de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado destinadas a la Casa de Gobierno y a la Residencia Presidencial de Olivos. La legisladora sostiene que parte de esos productos podría haber sido desviada hacia el catering privado. Se trata, por ahora, de una hipótesis incorporada a una denuncia que deberá ser investigada y corroborada judicialmente.

El emprendimiento "Pancitos Caseros" aparece vinculado en la denuncia con Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, y con Osvaldo Javier Sosa, quien estaba al frente de la administración de la Quinta de Olivos y fue desplazado en el marco de los cambios implementados en la residencia. La documentación mencionada por Pagano también apunta a pólizas de seguros en las que integrantes del personal de Olivos figurarían como trabajadores de catering.

Uno de los documentos citados en la denuncia corresponde a una póliza de accidentes personales contratada en marzo de 2024 para personal de catering. Según la presentación, entre las personas aseguradas figuraban Sosa, Analía Agudiez y dos empleadas vinculadas con la residencia presidencial. Pagano planteó que esos registros podrían ser relevantes para determinar si trabajadores y recursos de la Quinta fueron utilizados para actividades privadas.

La denuncia también menciona otras contrataciones realizadas en la Quinta de Olivos. Entre ellas aparecen servicios de jardinería, adquisiciones de carritos de golf y compras de aromatizantes ambientales. En el caso de la jardinería, Pagano vinculó la contratación con Franco Castelli, a quien señaló como socio comercial de la familia Agudiez. Todos estos señalamientos forman parte de las cuestiones que la legisladora pidió investigar.

Otro de los puntos incorporados al expediente está relacionado con un supuesto proveedor que habría facturado más de 600 millones de pesos al Estado. Según Pagano, se habría utilizado la identidad de un jubilado sin patrimonio significativo para registrarlo como proveedor de la Presidencia. La acusación deberá ser contrastada con la documentación de las contrataciones y las operaciones efectivamente realizadas.

La situación se da en paralelo con una reestructuración de la Quinta de Olivos. El Gobierno trasladó a la Casa Militar responsabilidades vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de la residencia, mientras que fueron desvinculados trabajadores civiles. La medida fue explicada oficialmente en el contexto de cambios relacionados con la seguridad presidencial y supuestas filtraciones.

En ese escenario, la salida de Agudiez quedó vinculada políticamente a la crisis que atraviesa la administración de la residencia, aunque el decreto presidencial que formalizó su renuncia no menciona ninguna denuncia ni investigación como motivo de la decisión. La Justicia deberá determinar ahora si las acusaciones presentadas por Pagano tienen sustento y, eventualmente, si existieron delitos en el manejo de recursos, contrataciones o personal de la Quinta de Olivos.