El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional volvió a colocar en el centro del debate el futuro del régimen de tierras en la Argentina. La iniciativa, que el Senado analizará en los próximos días, no solo introduce cambios en la legislación sobre tierras rurales, sino que también modifica normas vinculadas con las expropiaciones, la protección de bienes comunes y los procedimientos de desalojo, en una reforma que distintos especialistas consideran una de las más profundas de los últimos años.

El objetivo oficial es reforzar la protección del derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica para las inversiones. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos sostienen que el proyecto altera el equilibrio entre ese derecho y otras garantías reconocidas por la Constitución Nacional, como el acceso a la vivienda, la posesión comunitaria de los pueblos indígenas y el derecho al territorio de comunidades campesinas y productores familiares.

Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Observatorio de Tierras coincidieron en que las modificaciones deben analizarse de manera integral, ya que consideran que todas responden a una misma lógica: fortalecer la propiedad privada y reducir la capacidad del Estado para intervenir cuando ese derecho entra en conflicto con intereses públicos o derechos colectivos.

Uno de los aspectos que genera mayor controversia es la reforma del régimen de tierras rurales. Según advirtieron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, "El corazón del proyecto es la eliminación del régimen nacional que limita la extranjerización de las tierras rurales". Además, señalaron que "aunque mantiene formalmente vigente la Ley de Tierras, suprime los límites a la titularidad extranjera, debilita las capacidades regulatorias del Estado y fortalece la protección jurídica de los grandes inversores extranjeros", al tiempo que "incrementa los costos de las expropiaciones para obras públicas y debilita la protección de ecosistemas afectados por incendios".

El debate, sin embargo, excede la posibilidad de que nuevos actores puedan adquirir campos o realizar inversiones. Para las organizaciones que siguen la problemática territorial, la principal preocupación pasa por las consecuencias que podrían producirse en aquellas tierras donde actualmente viven comunidades indígenas, familias campesinas o pequeños productores que mantienen conflictos históricos por la posesión del suelo.

Especialistas sostienen que el nuevo escenario podría modificar las condiciones bajo las cuales se resuelven esas disputas judiciales. Tras el vencimiento de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras avanzaban los relevamientos territoriales, numerosas comunidades quedaron nuevamente expuestas a procesos judiciales. En ese contexto, consideran que la reforma fortalecería aún más la posición de los propietarios privados sin incorporar mecanismos específicos que contemplen los derechos territoriales reconocidos constitucionalmente.

El alcance de la discusión también comprende a productores de la agricultura familiar, pobladores rurales y comunidades isleñas que habitan zonas donde avanzan proyectos vinculados con la explotación de recursos naturales, la logística y la infraestructura.

Uno de los casos señalados por los especialistas es el de la cuenca del río Paraná. El informe "El Paraná en venta", elaborado por el Observatorio de Tierras, advierte que esa región concentra inversiones estratégicas y una creciente presión sobre el territorio.

"Misiones, Corrientes y Entre Ríos -las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta- concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra", señala el documento. En ese marco, destaca que Misiones presenta el mayor nivel de extranjerización de la región, con el 11,3 por ciento de su superficie en manos de capitales extranjeros, predominando las inversiones provenientes de Chile.

En Corrientes, el informe indica que la propiedad extranjera alcanza el 7,6 por ciento del territorio provincial, con participación de capitales estadounidenses, chilenos, holandeses y luxemburgueses.

En Entre Ríos, el fenómeno también preocupa a los pequeños productores. Juan Echeverría, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, advirtió que "los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales".

Las advertencias no se limitan al ámbito rural. Organizaciones especializadas sostienen que la iniciativa también tendría efectos sobre los conflictos habitacionales en las ciudades, especialmente por los cambios que introduce en los procedimientos de desalojo.

Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas afirmaron que "La iniciativa también facilita los desalojos en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, al acelerar los procedimientos para la restitución de inmuebles. En lugar de responder a la creciente crisis habitacional con más protección para quienes alquilan o no pueden acceder a una vivienda, el proyecto fortalece la posición de los propietarios y consolida una concepción en la que el derecho de propiedad prevalece sobre el derecho a la vivienda".

En ese sentido, también cuestionaron las modificaciones previstas para los contratos de alquiler. "Respecto del contrato de alquiler en sí, entre dueño de una vivienda e inquilino, la reforma del Código Civil y Comercial reduce el plazo de intimación en favor del dueño ante el retraso en el pago", explicaron.

Según la iniciativa, una vez cumplido el plazo de tres días de intimación, "el dueño puede considerar la rescisión del contrato e iniciar la acción de desalojo del inmueble. Luego, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dispone un plazo de cinco días para que el juzgado resuelva la solicitud de restitución anticipada de inmuebles. Esta propuesta cae en un contexto de alta fragilidad para la población inquilina. Desde la derogación de la Ley de Alquileres, con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, no existe un plazo estipulado de contrato, índices de actualización ni moneda definida", alertaron.

Para distintas organizaciones, la discusión trasciende el aspecto jurídico y se vincula con el modelo de desarrollo que adoptará el país en los próximos años. Señalan que regiones como los salares del noroeste argentino, donde avanza la explotación del litio, Vaca Muerta y distintos corredores energéticos ya presentan fuertes disputas entre grandes inversiones y comunidades que habitan esos territorios desde hace décadas.

En ese escenario, sostienen que el interrogante no pasa únicamente por quién desarrollará esos proyectos o por el ingreso de nuevos capitales, sino también por las reglas que definirán cómo se resolverán los conflictos entre la propiedad privada, las inversiones estratégicas y los derechos territoriales de quienes viven y producen en esas regiones.

Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta destinada a fortalecer la seguridad jurídica y promover nuevas inversiones, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos anticipan que, de aprobarse, la reforma abrirá una nueva etapa de debates judiciales y conflictos territoriales en distintos puntos del país.