El presidente Javier Milei presentó un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con el objetivo de reducir drásticamente sus atribuciones y limitar la capacidad del Estado para intervenir en el sistema financiero. La iniciativa, que el Gobierno presenta como el fin de "la emisión inflacionaria", despertó fuertes críticas de economistas y exfuncionarios, quienes sostienen que representa un regreso a políticas similares a las aplicadas durante la convertibilidad de los años noventa.

Durante un mensaje por cadena nacional, Milei aseguró que la reforma busca terminar con "la estafa de imprimir dinero" y afirmó que la inflación argentina fue consecuencia exclusiva de la emisión monetaria. En ese marco, defendió un esquema en el que el Banco Central tendrá como única misión preservar el valor de la moneda, dejando de lado objetivos como el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo productivo.

El proyecto elimina de la Carta Orgánica funciones que durante décadas permitieron al Banco Central intervenir para promover el crédito, regular el sistema financiero y asistir al Estado en momentos de crisis. De aprobarse, la autoridad monetaria perderá herramientas para impulsar políticas destinadas a las pequeñas y medianas empresas, fomentar la inversión o actuar como respaldo ante situaciones de inestabilidad económica.

La reforma también incorpora el denominado "grillete fiscal", un mecanismo que impediría al Estado aprobar presupuestos deficitarios y que contempla restricciones severas sobre el funcionamiento del sector público en caso de incumplimientos prolongados. Paralelamente, el Gobierno impulsa otras iniciativas para desregular el mercado de capitales y reducir controles sobre entidades financieras y compañías aseguradoras.

Diversos especialistas advirtieron que la propuesta implica ceder buena parte del control del sistema financiero a los grandes actores privados. La expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo que "la independencia del Banco Central del poder político termina siendo dependencia de las corporaciones", al considerar que la eliminación de facultades estatales fortalece el poder de los mercados por encima de las decisiones democráticas.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también cuestionaron la iniciativa y señalaron que la mayoría de los bancos centrales del mundo tienen múltiples objetivos además del control de la inflación. Países como Estados Unidos, Brasil y otras economías desarrolladas contemplan entre sus metas el crecimiento económico, el pleno empleo y la estabilidad financiera.

Los críticos de la reforma encuentran además similitudes con la convertibilidad implementada durante el gobierno de Carlos Menem. Recuerdan que aquel esquema también limitó la política monetaria y terminó colapsando durante la crisis de 2001, cuando el propio Domingo Cavallo, creador del sistema, regresó al Ministerio de Economía sin poder evitar su derrumbe.

Otro de los cuestionamientos apunta a la eliminación de instrumentos que permitieron impulsar créditos productivos durante años anteriores. La reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012 habilitó programas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas con tasas subsidiadas, políticas que dejarían de ser posibles bajo el nuevo esquema impulsado por el Gobierno.

Además, economistas advierten que restringir totalmente la emisión monetaria puede reducir la capacidad de respuesta del Estado frente a crisis económicas, financieras o internacionales. Recuerdan que incluso durante la convertibilidad muchas provincias debieron recurrir a la emisión de cuasimonedas por la falta de liquidez, uno de los episodios más recordados del colapso económico de principios de siglo.

Otro aspecto controvertido es la eliminación de las Letras Intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central. Mientras el Gobierno sostiene que representan una distorsión financiera, exautoridades del organismo recuerdan que esos instrumentos surgieron para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin recurrir a los mercados internacionales y evitar el riesgo de embargo por parte de los fondos buitre.

Para los detractores de la iniciativa, la reforma no solo redefine el funcionamiento del Banco Central, sino que modifica profundamente el rol del Estado en la economía. Consideran que, al restringir la política monetaria y financiera, el proyecto deja en manos del mercado decisiones estratégicas que históricamente estuvieron bajo control de las instituciones públicas y reduce la capacidad del país para enfrentar futuras crisis económicas.