La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar contra la Argentina en el litigio originado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado nacional y confirmó la obligación de pagar una indemnización cercana a los 391 millones de dólares al fondo Titan Consortium.

La decisión ratificó el criterio adoptado previamente por un tribunal de primera instancia, que había reconocido la validez de un laudo internacional y desestimado los argumentos de la Argentina para dejar sin efecto la demanda. Al monto establecido deberán sumarse los intereses acumulados durante el proceso.

La condena recae sobre el Estado argentino y no sobre Aerolíneas Argentinas, por lo que la empresa no tendrá que afrontar directamente el pago ni se prevén consecuencias inmediatas sobre su funcionamiento, sus rutas o sus operaciones comerciales.

El conflicto se originó a partir de un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el organismo arbitral dependiente del Banco Mundial encargado de intervenir en disputas entre Estados e inversores extranjeros.

Aunque las resoluciones de ese tribunal no pueden ejecutarse automáticamente, permiten que la parte demandante solicite su reconocimiento ante la Justicia de otros países. Una vez convalidado el laudo, los acreedores pueden iniciar acciones para intentar cobrar la indemnización mediante activos estatales disponibles en esas jurisdicciones.

La controversia comenzó después de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada en 2008, cuando ambas compañías se encontraban bajo el control del grupo español Marsans. La empresa promovió inicialmente el reclamo internacional al considerar que la expropiación había afectado sus inversiones.

Los derechos vinculados con la demanda fueron transferidos posteriormente a Burford Capital, fondo conocido también por su participación en el juicio relacionado con la expropiación de YPF. Más tarde, el reclamo quedó en manos de Titan Consortium, que continuó las acciones contra el Estado argentino.

El tribunal arbitral resolvió el caso a favor de los demandantes en 2017. La Argentina presentó un pedido de anulación, pero el planteo fue rechazado en 2019. En 2024, un tribunal estadounidense reconoció el laudo y ordenó pagar 390,9 millones de dólares, además de los intereses correspondientes.

Durante noviembre de 2025, representantes del Estado argentino y Titan Consortium mantuvieron conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera cerrar el litigio. Las negociaciones abordaron el monto final de la deuda, los intereses acumulados y una posible modalidad de pago.

Sin embargo, el entendimiento no se concretó y la Argentina modificó su estrategia judicial, por lo que decidió continuar con la apelación en lugar de avanzar con la cancelación de la sentencia. La Cámara rechazó ahora ese recurso y dejó firme el reconocimiento del laudo en territorio estadounidense.

Ante la falta de pago, Titan Consortium comenzó a analizar alternativas para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos argentinos en el exterior. Ese procedimiento no resulta sencillo, debido a que los bienes soberanos suelen encontrarse protegidos por normas de inmunidad y no todos pueden ser alcanzados por medidas judiciales.

El fallo representa una nueva obligación millonaria para el Estado argentino, aunque no implica un desembolso automático ni afecta directamente a Aerolíneas Argentinas. La disputa continuará ahora en la etapa de ejecución, en la que el fondo deberá identificar bienes estatales que puedan ser legalmente embargados para cobrar la sentencia.