El avance de un proyecto petrolero en las Islas Malvinas volvió a poner bajo cuestionamiento la política del Gobierno de Javier Milei frente a la defensa de la soberanía argentina. La iniciativa es encabezada por la compañía israelí Navitas, asociada con la británica Rockhopper Exploration, y contempla iniciar en 2028 la extracción de crudo del yacimiento Sea Lion.

La controversia se profundizó después de la tardía reacción de la Cancillería ante el ingreso ilegal de un patrullero británico en territorio argentino y de la polémica generada por la prohibición de mensajes vinculados con el reclamo de soberanía durante el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La decisión fue respaldada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En ese contexto, especialistas y exfuncionarios advirtieron sobre la escasa confrontación del Poder Ejecutivo frente al proyecto hidrocarburífero que avanza en aguas circundantes a las islas. “Si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas”, sostuvo el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona.

En diciembre de 2025, el gobierno colonial de las Islas Malvinas autorizó a Navitas y Rockhopper a explotar el yacimiento Sea Lion sin contar con la aprobación de la Argentina. El área está situada en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino, y contendría un volumen de petróleo equivalente a por lo menos un tercio del crudo producido en Vaca Muerta.

Navitas controla el 65 por ciento del proyecto, mientras que Rockhopper Exploration posee el 35 por ciento restante. Frente a aquella autorización, la Cancillería argentina, conducida por Pablo Quirno, emitió un comunicado de rechazo dos días después, tras un reclamo público de la Secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego.

La explotación sin autorización nacional contradice lo establecido por la Ley 26.659, que regula las condiciones para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta el momento no lograron frenar el avance del proyecto.

Los intentos de distintas empresas por extraer petróleo en las islas se remontan a varios años atrás. El director del portal Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, recordó que en abril de 2015 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia penal contra las compañías involucradas.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, donde la entonces jueza Lilian Herráez ordenó una multa de 156,4 millones de dólares y dispuso el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento. Aquellas medidas provocaron el retiro de varias empresas, aunque Guzmán señaló que las posteriores administraciones nacionales no impulsaron nuevos avances en el expediente después del acuerdo Foradori-Duncan firmado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Agenda Malvinas también reveló que la situación financiera de Navitas durante 2025 habría sido favorecida por una maniobra contable vinculada con el proyecto en las islas. La empresa informó una ganancia de 178,6 millones de dólares, pero el portal especializado sostuvo que ese resultado se explicó por la incorporación de beneficios impositivos heredados de una compañía británica.

“En el mundo de los negocios, cuando una empresa tiene pérdidas en un país, la ley le permite anotar esas pérdidas como un ‘crédito a su favor’ para no pagar impuestos en el futuro cuando empiece a ganar dinero. A esto se le llama Activo por Impuesto Diferido. Es, básicamente, un vale de descuento impositivo para el futuro”, explicaron desde el sitio.

Cuando Navitas adquirió el proyecto que pertenecía a Harbour Energy, las autoridades británicas le permitieron heredar pérdidas acumuladas y convertirlas en beneficios impositivos por 183 millones de dólares. Sin ese mecanismo, la petrolera habría registrado pérdidas por 4,4 millones de dólares.

De acuerdo con Agenda Malvinas, “la viabilidad económica de esta multinacional está atada, de manera casi desesperada, al saqueo de la plataforma continental argentina”.

El embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela, y el canciller de ese país, Gideon Sa’ar, señalaron que Navitas es una compañía privada y que el Estado de Israel no interviene en sus operaciones. No obstante, sus vínculos con la administración israelí fueron puestos bajo la lupa debido a la presencia de exfuncionarios en puestos directivos.

El vicepresidente de Navitas, Yacob “Koby” Katz, se desempeñó anteriormente como director general del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua de Israel, una función de relevancia dentro de la política energética de ese país.

Carmona sostuvo que esos antecedentes contradicen la explicación oficial israelí. “Si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas, porque tiene grandes concesiones de derechos de explotación hidrocarburíferas en el mar Mediterráneo por parte de Israel. Lo que dijo el canciller israelí es falso. Esto de que es una empresa privada, que el Estado de Israel no se mete. No es cualquier empresa privada”, afirmó.

El exfuncionario también vinculó la falta de reclamos con el alineamiento internacional del Gobierno argentino. “Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que fue Milei a Israel”, señaló, antes de advertir que el Presidente “nunca hizo una gestión pública para evitar que Navitas siguiera apostando por Malvinas, realmente es muy grave”.

Guzmán coincidió en que resulta difícil esperar una acción firme de la administración libertaria. “No va a confrontar ni con Navitas ni con el Reino Unido, porque tiene que pelearse con el estado de Israel, y eso no lo va hacer. Además, está programando un viaje (a Inglaterra) para septiembre u octubre de este año”, expresó.

Carmona también cuestionó la afirmación de Milei de que “nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos” como durante su mandato. “Creo que es una farsa lo de Milei. Ninguna gestión ha sido tan desmalvinizadora como la suya”, aseguró.

Por su parte, Guzmán advirtió que las declaraciones realizadas por el Presidente al diario británico The Telegraph en diciembre de 2025 colocaron a la Argentina en una situación “de casi de no retorno en términos diplomáticos”. Según consideró, “darle entidad a la población implantada de Malvinas como sujeto de derecho, y postular que las Malvinas se van a recuperar cuando lo desean los isleños, es realmente una traición a todo el la historia y la defensa diplomática argentina desde 1833”.

Después del partido entre Argentina e Inglaterra, Milei destacó como logros diplomáticos una nueva resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y un mensaje del dirigente republicano estadounidense Marc Zell, quien afirmó haber solicitado a Donald Trump que respaldara el reclamo argentino.

“Se jacta de que el Comité de Descolonización de la ONU saque una resolución que es la misma que ha sacado desde el año 89 con el mismo procedimiento, además de un tuit de un desconocido, que no sabemos ni quién es, cuando está todo el mundo hablando de Malvinas gracias a la Selección”, concluyó Carmona.